- El artículo 4o. del Decreto 2272 de 1989 establece: "DENOMINACION. Los jueces civiles y promiscuos de menores se denominarán en adelante jueces de familia y promiscuos de familia.

Los jueces penales de menores se denominarán en adelante jueces de menores y seguirán ejerciendo sus funciones de acuerdo con la competencia establecida por la ley".

- En el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 se denominó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como "Sala de Casación Civil y Agraria".

La administración de justicia en asuntos afines también es ejercida por: los jueces de familia (D.E 2272/89); las jueces especializados en asuntos de comercio (D.E 2273/89); las jueces agrarios (D.E 2303/89); los tribunales de arbitramento (C.N., Art. 116; D. 2279/89; D. 1818/98); los jueces de paz (C.N., Art. 247; Ley 497/99); los jueces de jurisdicción indígena (C.N., Art. 246; D. 436/92) y las superintendencias (C.N. art. 116; L. 446/98; D. 28/99).

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 1 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 8o. NATURALEZA DE LOS CARGOS. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. La función de los auxiliares no constituye una profesión. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio, y en ningún caso podrán gravar con exceso a quienes solicitan se les dispense justicia por parte del Poder Público.

Corte Constitucional

- Literal d) declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional

- Literal k) declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

-  Numeral 8o. modificado por el artículo 2o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Parágrafo adicionado por el artículo 3o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 2 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

- Apartes subrayados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de marzo 14 de 1991.

Como concecuencia de la inexequibilidad del aparte tachado, continúa vigente el Decreto 2265 de 1969 que trata sobre auxiliadores de la justicia.

Texto con las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998:

ARTÍCULO  9. DESIGNACION. En la designación de auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia, en la forma determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a honorarios. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

2. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

3. Los traductores e intérpretes, serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos éstos.

4. Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, y reemplazar a éste.

5. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo y señalar sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

6. El curador ad litem de los relativamente incapaces será designado por el juez, si no lo hiciera el interesado.

7. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.

8. <Numeral modificado por el artículo 2o. de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el suguiente:> Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente. En la misma forma se hará cualquiera otra notificación.

El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes al envío del telegrama correspondiente so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada. Los peritos deberán posesionarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación.

La notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la justicia dentro del proceso.

9. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

PARAGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 3o. de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como auxiliares de la justicia personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa acreditación por parte del aspirante de los requisitos técnicos, la idoneidad y la experiencia requeridas. Las licencias deberán renovarse cada cinco (5) años.

En los demás lugares para la designación de los auxiliares de la justicia se aplicará lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo.

Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para Magistrados, Jueces e Inspectores, y en ningún caso podrán ser nombrados auxiliares que no figuren en las mismas, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

Las entidades públicas que cumplan funciones técnicas en el orden nacional o territorial podrán ser designadas como perito sin necesidad de obtener la licencia de que trata este parágrafo.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  9.  En la designación de auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia, en la forma determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a honorarios. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

2. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

3. Los traductores e intérpretes, serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos éstos.

4. Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, y reemplazar a éste.

5. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo y señalar sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

6. El curador ad litem de los relativamente incapaces será designado por el juez, si no lo hiciera el interesado.

7. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.

8o. Todo nombramiento se comunicará personalmente al designado, pero si no pudiere hacerse dentro del día siguiente a la notificación del auto que lo designe, se hará por telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente.

En la misma forma se hará cualquiera otra notificación.

Los auxiliares de la justicia deberán aceptar por escrito las designaciones que se les haga dentro de los tres días siguientes al envío del telegrama; en dicho escrito manifestarán bajo juramento, que se considerará prestado por el hecho de su firma, que cumplirán con imparcialidad y buena fe los deberes de su cargo. Salvo el caso de los peritos, con dicha aceptación se tendrán por posesionados; si se trata de curador ad litem, no se requerirá discernimiento del cargo.

9. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN. En la designación de auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el Magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, dentro del cuerpo oficial de auxiliares de la justicia, en la forma determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a los honorarios de ellos. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

2. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista correspondiente. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, en aptitud para el desempeño inmediato del cargo; cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

3. En los procesos de sucesión por causa de muerte y de insinuación de donaciones, los peritos serán designados así: el correspondiente a la Nación conforme a lo estatuido por las normas especiales sobre la materia, y aquel cuyo nombramiento corresponde al juez de conformidad con las reglas aquí establecidas; sin embargo los interesados podrán adherir al perito de la Nación con anterioridad a su escogencia, caso en el cual éste será único.

4. Los traductores o intérpretes serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos éstos.

5. Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar secuestre y reemplazar al nombrado.

6. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo, y señalarles sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

7. El curador ad litem de los relativamente incapaces será designado por el juez, en subsidio de nombramiento por el interesado.

8. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación.

9. Todo nombramiento será notificado personalmente al designado, pero si dicha notificación no pudiere hacerse dentro del día siguiente a aquél, se comunicará por oficio que un empleado de la secretaría entregará en la dirección que figure en la lista oficial, de todo lo cual se dejará constancia en el expediente.

10. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión oportuna, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

- Los artículos 9 y 9-A fueron subrogados bajo el artículo 9,  por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo adicionado por el artículo 6o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

Texto adicionado por la Ley 446 de 1998:

ARTÍCULO 9-A. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la Justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso:

1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la Administración de Justicia.

2. A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho.

3. A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente.

4. A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad litem.

5. A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia.

6. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria.

7. A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente.

8. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional.

9. A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados.

10. Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación judicial o por encima del valor de ésta.

11. A quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias.

PARAGRAFO 1o. La exclusión y la imposición de multas se resolverá mediante incidente el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para excusar su falta el auxiliar deberá justificar su incumplimiento.

PARAGRAFO 2o. También serán excluidas de la lista las personas jurídicas cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales 2, 3, 4, 5, 9 y 10 del presente artículo, así como las personas jurídicas que se liquiden.

Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que incurran en las causales de exclusión previstas en este artículo.

- Inciso 4o. modificado por el artículo 4o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

<INCISO 4o> En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil habitantes solamente podrán designarse como secuestres, personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad que determine el correspondiente decreto reglamentario, previa comprobación de que disponen, en propiedad o arrendamiento, de bodega que ofrezca suficiente seguridad, y que presenten póliza de seguro de incendio, hurto y cumplimiento por la cuantía y con las condiciones que se establezcan por dicho decreto.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 3 del Decreto 2282 de 1989.

- Los depósitos judiciales también se rigen por las siguientes disposiciones: Decreto 1798 de 1963, Ley 11 de 1987, Ley 66 de 1993, Decreto 818 de 1994, Decreto 2841 de 1994 y Ley 270 de 1996.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 10. CUSTODIA DE BIENES Y DINEROS. Los auxiliares de la justicia que como depositarios o administradores de bienes perciban los productos de éstos en dinero, o que reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes a ellos confiados o de sus frutos, lo consignarán inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento.

El juez podrá autorizar, el pago de impuesto y expensas con los dineros así depositados, y cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, que el administrador, bajo su responsabilidad personal, lleve los dineros a cuenta corriente bancaria con la denominación del cargo que desempeña. El banco respectivo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.

En todo caso, el depositario o administrador, dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendición de cuentas que la ley le impone.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 4 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 11. SANCIONES. El auxiliar de la justicia por cuya culpa deje de practicarse una prueba o diligencia, será sancionado con multa de cien a mil pesos. La violación de los deberes indicados en el artículo precedente, así como el empleo de los bienes o de los productos de ellos o de su enajenación, en provecho propio o de otra persona, y el retardo en su entrega, darán lugar a multa de quinientos a cinco mil pesos, que se impondrá mediante incidente que se tramitará independientemente del proceso, sin perjuicio de las restantes sanciones e indemnización a que hubiere lugar.

- Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 5 del Decreto 2282 de 1989.

- Por el artículo 7 del Decreto 2272 de 1989, los jueces civiles y promiscuos municipales tambien conocen en única instancia de la celebración de matrimonio civil.

- Los Jueces Municipales tambien conocen de todos los procesos verbales sumarios y de los procesos de alimentos cuando en el municipio no existe Juez de Familia.

- En criterio del Editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia". El texto original establece:

"ARTÍCULO 120. COMPETENCIA DEL JUEZ MUNICIPAL. El Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal conocerá de los asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este."

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  14. Los jueces municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos que sean de mínima cuantía, de los de sucesión de mínima cuantía, y de los verbales de que trata el artículo 435.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 14. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES EN ÚNICA INSTANCIA. Los jueces municipales conocen en una sola instancia de los procesos de mínima cuantía, contenciosos entre particulares y de sucesión.

- Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- El artículo 7 del Decreto 2272 de 1989, amplió la competencia en primera instancia de los jueces municipales y promiscuos municipales de aquellos lugares en donde no funcionen juzgados de familia, al asignarles a aquellos el conocimiento de todos los procesos atribuidos a estos en única instancia.

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  15. Los jueces municipales conocen en primera instancia:

1. De los procesos contenciosos entre particulares y de sucesión, que sean de menor cuantía.

2. De los procesos de alimentos que no correspondan a los jueces de menores.

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 6 del Decreto 2282 de 1989.

- Numeral 1o. derogado por el artículo 268 del Código Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984. Declarado INEXEQUIBLE.

- Para la interpretación del texto anterior a la modificación de la Ley 794 de 2003, debe entenderse que el artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

Los jueces civiles de circuito conocen también en primera instancia de la "acción de cumplimiento" consagrada en la ley de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997, artículo 116; de la "acción popular" cuando no tenga origen en actos u omisiones de entidades públicas o de personas de derecho privado que desempeñen funciones de esa naturaleza, Ley 472 de 1998, artículos 16 y 17; y, de las "acciones de grupo",  Ley 472 de 1998, artículo 51.

- El aparte del artículo 268 del Código Contencioso Administrativo que derogaba el numeral 1o. de este artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de julio 19 de 1984.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  16. Sin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia los siguientes procesos:

1. Los contenciosos de mayor y menor cuantía en que sea parte la Nación, un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial y comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso - administrativa.

2. Los contenciosos entre particulares que sean de mayor cuantía.

3. Los referentes al estado civil de las personas, con excepción de los de nulidad y divorcio de matrimonio civil, atribuidos por la ley a los jueces de familia.

4. Los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a los jueces civiles del circuito especializados.

5. Los de expropiación, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de pertenencia que no correspondan a la jurisdicción agraria, estos últimos cualquiera que sea su cuantía.

6. Los de división de grandes comunidades.

7. Los de cesión de bienes y concurso de acreedores.

8. Los de sucesión de mayor cuantía.

9.Los de jurisdicción voluntaria, salvo norma en contrario.

10. Las diligencias de apertura, publicación y reducción a escrito de testamentos que no correspondan a los jueces de familia.

11. Los demás que no estén atribuidos a otro juez.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 16. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos:

1. De los contenciosos en que sea parte la Nación, un departamento, una intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta.

2. De los contenciosos entre particulares que sean de mayor cuantía.

3. De los de nulidad y divorcio de matrimonio civil, y demás referentes al estado civil de las personas, que no correspondan a los jueces de menores.

4. De los de separación de bienes y de liquidación de sociedades conyugales por causa distinta a la muerte de los cónyuges.

5. De los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades.

6. De los de expropiación.

7. De los de división de grandes comunidades.

8. De los de quiebra, cesión de bienes y concurso de acreedores.

9. De los de sucesión de mayor cuantía.

10. De los de jurisdicción voluntaria, salvo los que correspondan a los jueces de menores.

11. De las diligencias de apertura, publicación y reducción a escrito de testamentos.

12. De los demás que no estén atribuidos a otro juez.

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte  Constitucional, salvo el aparte tachado que fue declarado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia C-594-98 del 21 de octubre de 1998, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

- El Consejo Superior de la Judicatura suprimió los jueces de circuito especializados, en las pocas ciudades donde funcionaban (Medellín, Bucaramanga y Cúcuta), por la que actualmente la competencia la tienen los jueces civiles del circuito.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 17. COMPETENCIA PRIVATIVA DE LOS JUECES DE CIRCUITO DE BOGOTÁ. Los jueces del circuito de Bogotá conocen en primera instancia de los procesos relativos a patentes, marcas y nombres comerciales, que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 7 del Decreto 2282 de 1989.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  18. COMPETENCIA A PREVENCIÓN. Los jueces municipales y los de circuito conocen a prevención:

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de competencia de cualquiera autoridad judicial.

2. De los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 18. COMPETENCIA A PREVENCIÓN. Los jueces municipales y los de circuito conocen a prevención:

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de competencia de cualquiera autoridad judicial, o sin fines procesales.

2. De los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 572 del año 2000, publicada en el Diario Oficial No. 43.883 del 7 de febrero del año 2000.

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 522 de 1988, publicado en el Diario Oficial No. 38.266, del 23 de marzo de 1988

Corte Suprema de Justicia

- Mediante Sentencia C-1046-01 de 4 de octubre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el artículo 1 de la Ley 572 de 2000 por ineptitud de la demanda.

- Inciso final del texto original fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 3 de septiembre de 1971.

Texto modificado por el Decreto 522 de 1988:

ARTÍCULO 19. Cuando la competencia o el trámite se determine por la cuantía de la pretensión, los procesos son de mayor, de menor o de mínima cuantía. Son de mayor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales de valor superior a un millón de pesos ($1.000.000.oo); de menor cuantía los de valor comprendido entre cien mil pesos ($100.000.oo) y un millón de pesos ($1.000.000.oo); y de mínima cuantía cuando dicho valor sea inferior a cien mil pesos ($100.000.oo).

Texto original del Decreto 1400 de 1970:

ARTÍCULO 19. DE LAS CUANTÍAS. Cuando la competencia o el trámite se determina por la cuantía de la pretensión, los procesos son de mayor, de menor o de mínima cuantía. Son de mayor cuantía los que versan sobre pretensiones patrimoniales de valor superior a veinte mil pesos; de menor cuantía, los de valor comprendido entre mil y veinte mil pesos; y de mínima cuantía, cuando dicho valor no exceda de mil pesos.

Sin embargo, la mínima cuantía en las cabeceras de distrito será hasta tres mil pesos, y en las cabeceras de circuito hasta dos mil pesos.

El Gobierno Nacional reajustará periódicamente las anteriores cuantías, teniendo en cuenta la significación de los valores, las necesidades de la justicia y la conveniencia pública.

- Numeral 7. modificado por el artículo 40 de la Ley 820 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.244, de 10 de julio de 2003.

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

7. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor de la renta durante el término inicialmente señalado en el contrato, y si fuere a término indefinido, por el valor de la renta en un año. Cuando el canon deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquéllos en un año. En los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de los bienes.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 8 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

- Numeral 2o. del texto original declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 010 del 6 de febrero de 1990, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 20. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen unirse pretensiones.

3. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el valor del derecho del demandante en el respectivo inmueble.

4. En los procesos divisorios, por el valor de los bienes objeto de la partición o venta.

5. En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos.

6. En los procesos posesorios, por el valor del bien objeto de la perturbación o el despojo.

7. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor de la renta durante el término inicialmente señalado en el contrato, y si fuere a término indefinido, por el valor de la renta en un año. En los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de los bienes.

El artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

- Esta disposición fija los criterios de los distintos fueros de competencia donde prevalece el criterio del Fuero del Domicilio ( nums. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19 y 20)  que es una forma de relacionar a las personas con un lugar. De igual preponderancia dentro de la norma es el aforismo actor sequitur forum rei ( el actor sigue el foro del reo). La disposición expresa igualmente el criterio del fuero hereditario para el último domicilio del causante ( num. 14,15, y 16 ) y , en menor medida el fuero contractual (num. 5 ) , el fuero de la gestión administrativa  (num. 12); y el fuero real o rei sitae ( nums. 9 y 10).

Esta norma establece que cuando no exista concordancia entre lo que indican el factor territorial y el factor objetivo por la materia y el valor, debe estarse a lo resuelto en este último.

La Corte Suprema de Justicia conoce además: de las acciones impetradas en contra de los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado, Código Contencioso Administrativo, artículo 97; y de las acciones de repetición que el estado ejerza en contra de los magistrados del Consejo de Estado, Código Contencioso Administrativo, artículo 128

- Todas las disposiciones del Código de Procedimiento Civil o las especiales que establezcan el grado jurisdicción de consulta para las sentencias que se profieran en procesos de declaración de pertenencia  fueron derogadas por el literal c) del artículo 70 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

De conformidad con el artículo 11 del Decreto Extraordinario 2303 de 1989, en aquellos tribunales en donde no se hayan creado "salas agrarias", las funciones de esta naturaleza serán ejercidas por la respectiva sala civil. En la actualidad solo los tribunales de los distritos judiciales de Antioquia y Cundinamarca cuentan con salas agrarias.

De conformidad con el artículo 256, numeral 6, de la Constitución Política y los artículo 112 y 114 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de justicia), los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones serán dirimidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura y la misma sala del Consejo Seccional de la Judicatura.

De otra parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se denomina en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, como "Sala de Casación Civil y Agraria"

- El magistrado ponente debe proferir todas las providencias diferentes a (i) la sentencia; (ii) los autos que decidan la apelación o queja; (iii) los que decidan una acumulación de procesos y (iv) un conflicto de competencias.

- Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

Corte Constitucional

- Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Aparte subrayado del texto original declarado EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-733-00 del 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

- El artículo 63 de la Ley 270 de 1996 amplía las posibilidades de comisión establecidas en este artículo al disponer que la Sala Administrativa de del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los despachos judiciales podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo en los Tribunales y despachos judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, pueden ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deben trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces.

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  31. La comisión sólo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester.

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-733-00 del 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

- Para otorgar una comisión deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) Que la comisoón no esté prohibida; (ii) Que el comitente sea de superior o igual categoría que el comisionado; (iii) Que el comisionado sea competente territorialmente en el lugar donde debe evacuarse la diligencia; (iv) Que se precise el objeto de la comisión con todo detalle.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 9 del Decreto 2282 de 1989.

- El auto del comitente que decreta medidas cautelares y comisiona para su práctica únicamente debe ser notificado a quien solicitó la medida, ello con el objeto de salvaguardar lo establecido en el artículo 327 del CPC que indica claramente cómo las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 33. OTORGAMIENTO Y PRÁCTICA DE LA COMISIÓN. La providencia que confiera una comisión, indicará su objeto con toda claridad y señalará el término dentro del cual deba cumplirse; en el despacho que se libre se insertará aquella y copia de las piezas pertinentes ordenadas por el comitente, sin que en ningún caso pueda enviarse al comisionado el expediente original.

Recibido el despacho, el comisionado señalará día y hora para la diligencia, si su cumplimiento así lo exige, por auto que se notificará en forma legal.

Concluida ésta se devolverá el despacho al comitente, sin que le sea permitido tomar ninguna medida posterior.

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo estudiado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-561-04 de 1 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional

- Último inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-561-04 de 1 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa; "... entendido de que la carga procesal que allí se impone no hubiere sido objetivamente imposible de cumplir por razones ajenas a la voluntad del solicitante".

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 10 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 34. PODERES DEL COMISIONADO. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente, con relación a la diligencia que se le delegue.

Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad sólo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al recibo del despacho diligenciado. La petición de nulidad será resuelta de plano por el comitente y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 11 del Decreto 2282 de 1989.

- En relación con las comisiones en el exterior existen numerosos acuerdos internacionales tales como los correspondientes a la Convención Interamericana de Recepción de pruebas en el extranjero, aprobada por la ley 31 de 1987; y el convenio con Chile sobre exhortos o cartas rogatorias y despachos judiciales aprobada por la ley 45 de 1987.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 35. COMISIÓN EN EL EXTERIOR. Cuando la diligencia haya de practicarse en país extranjero, debe dirigirse el exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que tenga conocimiento de sus términos y lo envíe a su destino con observancia de lo que dispongan los tratados públicos, las leyes y los principios de Derecho Internacional.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 12 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 36. SANCIONES AL COMISIONADO. El comisionado que retarde por su culpa el cumplimiento de la comisión será sancionado con multa de cien a mil pesos, que impondrá el comitente, si aquel fuere inferior suyo; o el respectivo superior jerárquico, a quien el comitente dará aviso. Antes de resolver sobre la multa se pedirá informe respecto de las causas de la demora, que será tenido en cuenta si se rinde dentro del término señalado. El trámite de la sanción será independiente del proceso.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 13 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-100-01 del 14 de febrero de 2001 , Magistrado Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

- Como atinadamente lo advierte DEVIS ECHANDIA : " con ese artículo 37 hemos querido llamarle la atención a los jueces acerca de que es un deber usar esas facultades, cuando con ellas pueden llegar a la justicia y a la verdad, y que, por consiguiente estarán faltando a sus deberes, cuando dejen de utilizarlas por pereza o por descuido, pues no creo que sea el caso de decir por ignorancia"· De otra parte podemos establecer que los deberes de los jueces se pueden agrupar en tres categorías, a saber: de dirección ( num. 1 a 4) de reserva (num.5) y de decisión num. 6 a 8 ).

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 37. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que este código le otorga.

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a la lealtad, pobidad y buena fe que debe observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes, y para evitar nulidades y providencias inhibitorias.

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los empleados judiciales.

6.Dictar las providencias dentro de los términos legales y resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada y fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, so pena de incurrir en mala conducta.

7. Hacer personal y oportunamente el reparto de los negocios, so pena de incurrir en multa de quinientos pesos cada vez que no lo hiciere.

8. Decidir aunque no haya ley aplicable o ésta sea oscura o incompleta, caso en el cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal.

Corte Constitucional

- Numeral 1 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1547-00 del 21 de noviembre de 2000, Magistrado Ponente (E) Dra. Cristina Pardo Schlesinger.

- El Estatuto procesal no establece ningún procedimiento especial para resolver casos en equidad según lo autoriza el num. 1 del artículo 38. Ello no significa que exista vacío sobre el particular, pues el Juez deberá adecuar su fallo en equidad y la tramitación del respectivo proceso a  la que corresponda a cada tipo de controversia, ordinario, abreviado etc.

Corte Constitucional

- Numeral 2. declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-218-96 del 16 de mayo de 1996, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. La Corte menciona: "...  conforme a las consideraciones formuladas en esta providencia".

En la parte motiva la Corte Constitucional expresa:

"...

Es claro, que en el caso que ocupa a la Sala, las sanciones de tipo correccional que impone el Juez, en ejercicio de los poderes disciplinarios que la norma impugnada le otorga, como director y responsable del proceso, no tienen el carácter de 'condena', son medidas correccionales que adopta excepcionalmente el funcionario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales, consagrados en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil.

Tales medidas son procedentes, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:

Que el comportamiento que origina la sanción correctiva constituya, por acción u omisión, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es del poder de jurisdicción; que exista una relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que impone la sanción; que con anterioridad a la expedición del acto a través del cual se impone la sanción, y con el fin de garantizar el debido proceso, el infractor tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de las mismas; en este orden de ideas, ha dicho esta Corporación, '...debe entenderse modificado por la normatividad constitucional el artículo 39 del C.P.C.' (Corte Constitucional, Sentencia T-351 de 1993); que la falta imputada al infractor esté suficientemente comprobada, '...mediante la ratificación, con las formalidades de la prueba testimonial, del informe del secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia del escrito respectivo...'; que la sanción se imponga a través de resolución motivada, en la cual se precise, '...la naturaleza de la falta, las circunstancias en la que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción; que dicha resolución se notifique personalmente, señalando que contra ella procede el recurso de reposición. Cumplidos los anteriores presupuestos, se cumple de manera estricta el debido proceso.

Ha quedado plenamente demostrado que las disposiciones impugnadas no contradicen en nada el ordenamiento superior, al contrario, no obstante haber sido expedidas con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991, ellas se ajustan a su filosofía y disposiciones, pues a tiempo que facultan al juez como depositario de la majestad de la justicia para imponer medidas correctivas que garanticen el normal desarrollo del proceso, del cual es director y responsable, establecen un procedimiento que garantiza el derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la C. P., el cual de no ser cumplido de manera estricta genera para el funcionario las responsabilidades que señala la ley, las cuales le corresponderá definir, y sancionar si es del caso, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o a las autoridades disciplinarias correspondientes en el caso de funcionarios que gocen de fuero constitucional".

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 14 del Decreto 2282 de 1989.

- Los poderes correccionales del Juez están complementados y regulados en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 270 de 1996.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 39. PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ. El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios:

1. Sancionar con multas de cien a mil pesos a sus empleados, a los demás empleados públicos, y al os particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución, e imponer las demás multas que autoriza este código.

Las multas se impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La resolución se notificará personalmente y contra ellas sólo procede el recurso de reposición. Ejecutoriada aquella, si no se consigna su valor dentro de los diez días siguientes, la multa se convertirá en arresto a razón de veinte pesos por día, sin exceder de veinte días.

Las multas serán a favor de la Caja Nacional de Previsión, salvo disposición en contrario y su cuantía y tasa de conversión en arresto, serán revisadas periódicamente por el Gobierno.

2. Sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, con prueba testimonial o con copia del escrito respectivo.

El arresto se impondrá por medio de resolución motivada que deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de reposición.

Ejecutoriada la resolución, se remitirá copia de ella al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla cumplir inmediatamente.

3. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros.

4. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

5.Sancionar con multas de cien mil pesos a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga.

- Artículo subrogado tácitamente por los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996 ("Estatutaria de la Administración de Justicia"), publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996, según expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-244A-96 del 30 de mayo de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

En los considerandos de la Sentencia  la Corte menciona:

...

"En efecto, debe reiterarse que, si bien no toda modificación o derogación de la norma demandada implica la inhibición de la Corte para pronunciarse de fondo sobre su constitucionalidad, pierde sentido jurídico y práctico cualquier decisión al respecto en aquellos casos en los cuales el legislador ha regulado íntegramente la materia de la que se ocupaba el precepto acusado, el cual, por lo mismo, deja de tener aplicación en cuanto es subsumido por las nuevas normas.

Tal ocurre en el presente proceso, pues el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil -a cuyo tenor los jueces y magistrados responden por los perjuicios que causen a las partes cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad, cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, o cuando obren con error inexcusable- ha sido subrogado en su integridad por el Capítulo VI del Título III de la Ley 270 del 7 de marzo de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, en cuyos artículos 65 a 74 se regula la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Estos, de conformidad con el artículo 72 Ibídem, responden a su vez ante el Estado, previa acción de repetición, por su conducta dolosa o gravemente culposa que haya dado lugar a la condena".

...

- Mediante sentencia de la CSJ del 12 de Septiembre de 1996 con ponencia de Pedro Lafont Pianetta el artículo 40 del CPC se continúa aplicando en aquellos eventos en que el proceso que generó la responsabilidad haya concluido antes del 15 de Marzo de 1996, fecha en la entró en vigencia la ley 270 de 1996. En la actualidad y en virtud de la citada ley, el Estado puede ser condenado a reparar un daño patrimonial derivado de la actuación dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o empleados judiciales, junto con el deber de repetir contra éste. De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 88 del 17 de Junio de 1997, reglamentó el ejercicio de la vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6, de la ley 270 de 1996.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 40. RESPONSABILIDAD DEL JUEZ. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos:

1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad.

2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto.

3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva en proceso civil separado, por el trámite que consagra el título XXIII. La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo. La sentencia condenatoria en el caso del numeral 3 no alterará los efectos de las providencias que la determinaron.

En caso de absolución del funcionario demandado se impondrá al demandante, además de las costas, una multa de un mil a diez mil pesos.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 15 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 42. IMPEDIMENTOS. Los agentes del ministerio público deben declararse impedidos cuando ellos, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tengan interés en el proceso. Al declararse impedidos, expresarán los hechos en que se fundan.

Si el juez o tribunal que conoce del asunto encuentra que los hechos aducidos por el agente del ministerio público constituyen impedimento, lo declarará separado del conocimiento y ordenará su reemplazo.

El Procurador General de la Nación asumirá las funciones de su delegado impedido.

Cuando el impedido sea uno de los varios fiscales del tribunal o del circuito se llamará para que lo sustituya al que le siga en el orden numérico; pero si fuere fiscal único del tribunal, lo sustituirá el procurador del distrito; tratándose de fiscal de circuito o de personero municipal, el procurador del distrito designará un fiscal de otro circuito o encargará a jefe de oficina seccional o asumirá directamente las funciones del impedido.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 16 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-534-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Existen otros sujetos de derecho que están en posibilidad de demandar y ser demandados sin tratarse de personas jurídicas o naturales. Es el caso de la herencia yacente, la masa de bienes del quebrado, el patrimonio de la fiducia, la masa de bienes del ausente, entre otros.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 44. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y PARA COMPARECER AL PROCESO. Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que puedan disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción alas normas sustanciales.

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 17 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-534-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 45. AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL REPRESENTANTE. En caso de falta del representante legal del incapaz o si aquel se encuentra impedido o ausente, se aplicarán las siguientes reglas:

1. El relativamente incapaz que careciendo de represente legal o hallándose éste ausente tenga necesidad de comparecer a un proceso, lo expondrá así al juez del conocimiento, para que de plano le designe un curador ad litem o confirme al designado por él, si fuere idóneo.

2. Cuando la demanda se dirija contra un incapaz que carezca de representante legal o cuyo representante se halle ausente del país, el juez le nombrará un curador ad litem para que lo represente, y si fuere el caso, confirmará al designado luego por el relativamente incapaz, si fuere idóneo.

3. El juez nombrará un curador ad litem al incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o sea demandado por éste, o confirmará al designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo.

4. En los procesos de sucesión se designará curador ad litem al incapaz o se confirmará al designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo, cuando el juez advierta que ha surgido conflicto de intereses entre aquel y su representante legal. En tal caso, el curador deberá ser persona distinta del apoderado constituido por el representante.

5. Cuando tenga que demandarse a una persona jurídica de derecho privado cuyo representante faltare o se hallare ausente, el juez le nombrará un curador ad litem. El nombramiento de curador se comunicará inmediatamente a la persona jurídica por oficio que se entregará a cualquier empleado de ella, y cuya copia firmada por quien lo haya recibido o por un testigo si este se negare a firmar, será agregada al expediente.

6. En los procesos que versen sobre dominio o demás derechos reales constituidos en los bienes inmuebles de los habilitados de edad, el juez confirmará el curador ad litem que aquel designe, si fuere idóneo. Esta disposición se aplicará a los procesos sobre rendición de cuentas de su guardador.

Para la provisión de curador ad litem en los casos contemplados en este artículo, se requiere previa comprobación sumaria de los hechos correspondientes.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 18 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-96 del 22 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 46. CURADURÍA AD LITEM. Los curadores ad litem actuarán en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien corresponda la representación o cese el motivo de ésta. Dichos curadores, pueden constituir apoderados judiciales bajo su responsabilidad.

Sólo podrán ser curadores ad litem los abogados inscritos, su designación, remoción, deberes, responsabilidad y remuneración se regirán por las normas sobre auxiliares de la justicia.

- En desarrollo del inciso final de la anterior norma, cuando se señala como director de una agencia o sucursal a una persona determinada, debe acompañarse la certificación  de la correspondiente Cámara de Comercio en el sentido de que la empresa demandada no tiene constituido representante legal para efectos judiciales.

- El litisconsorcio facultativo puede integrarse de dos maneras: (i) en la demanda, de manera exclusiva a la voluntad de quien va a demandar, acumulando pretensiones de varios demandantes contra un demandado o de un demandante contra varios demandados y (ii) a través del fenómeno de la acumulación de procesos ( art. 157 y 541 del CPC) o de acumulación de demandas ( art. 540 y 556 del CPC).

- Como atinadamente lo destaca la profesora española MARIA ENCARNACION DAVILA MILLAN “ El fundamento del litisconsorcio necesario hay que buscarlo fuera del derecho procesal, en el derecho material, aunque tenga su tratamiento en el primero. Tiene su causa en la naturaleza de la relación jurídica sustantiva, la cual exige que sea declarada respecto a un determinado número de personas el derecho material que regula las concretas relaciones jurídicas unitarias e indivisibles” En efecto todo litisconsorcio necesario existe atendiendo la naturaleza del asunto, de la relación sustancia que impide un pronunciamiento de fondo sin la obligada comparecencia de un número plural de personas. Le asiste razón al tratadista HERNAN FABIO LOPEZ cuando señala que el litisconsorcio necesarios no es solo un fenómeno propio de los procesos declarativos, pues su tipificación surge nítidamente del artículo 51 y 83 del CPC y no del artículo 52 inc. 4 del CPC. “ basta que por la naturaleza de la relación sustancial debatida o porque así lo diga expresamente la ley, sea menester la presencia de varios sujetos de derecho en la posición de parte para poder decidir de mérito”.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 19 del Decreto 2282 de 1989.

- Como lo anota el profesor HERNAN FABIO LOPEZ, la figura del litisconsorcio cuasi necesario quedó erróneamente incorporada en el inciso tercero del artículo 52  norma que de conjunto regula una institución diferente como es la intervención adhesiva o coadyuvancia.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 52. INTERVENCIÓN ADHESIVA Y LITIS CONSORCIAL. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

Podrá intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos dela sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

La intervención adhesiva o litis consorcial es procedente en los procesos de conocimiento, en cualquiera de las instancias, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que en el mismo escrito hubiere formulado el interviniente.

La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada esta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable en el efecto devolutivo.

- Con las modificaciones introducidas a este Código por el Decreto 2289 de 1989, la referencia al artículo 205 debe entenderse hecha al artículo 320.

- La denuncia del pleito es una modalidad de llamamiento en garantía instituida para regular específicamente la forma de hacer efectiva la obligación de saneamiento por evicción de que trata el artículo 1893 del CC. Conviene aclarar que no es obligatorio denunciar el pleito; pero asimismo cabe advertir que si esto no se hace el vendedor, si fuera evicta la cosa, no será obligado al saneamiento y el comprador correrá con todos los perjuicios que se deriven de la respectiva declaración.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 20 del Decreto 2282 de 1989.

Corte Constitucional

- Apartes subrayados en este artículo fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia, mediante Sentencia C-062-97 del 11 de febrero de 1997. La Corte expone:

"Para la Corte, en efecto, el demandante hizo una interpretación equivocada del artículo 56: sólo consideró unos plazos señalados en el artículo, en forma aislada del contenido total de la norma y sin concordarla con el artículo 316 del mismo código. Esto lo llevó a confundir el plazo del denunciado para intervenir en el proceso, con el trámite de la notificación a ese mismo denunciado, para que comparezca al proceso.

Para confirmar esta apreciación, basta confrontar las expresiones demandadas con la totalidad del artículo 56.

La frase demandada dice: 'si [el denunciado] no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días.'

Y la misma norma, en el inciso segundo, establece cómo se debe hacer la citación del denunciado:

'La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días. . .' (se subraya)

Como se ve, este inciso ordena que la citación del denunciado se haga mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para notificar el auto admisorio de la demanda. El artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, dice que ésta se hace personalmente. En lo pertinente, la norma señala:

'Artículo 87.- Modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1o., numeral 38. Traslado de la demanda. En el auto admisorio de la demanda se ordenará su traslado al demandado, salvo disposición en contrario.

'El traslado se surtirá mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante o apoderado o al curador ad litem, y la entrega de copia de la demanda y de sus anexos.

'Para el traslado a personas ausentes del lugar del proceso, se librará despacho comisorio acompañado de sendas copias de la demanda y de sus anexos].'(se subraya)

De otra parte, no hay que olvidar que, según el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, el término respectivo (para contestar la demanda o para intervenir cuando se ha denunciado el pleito) solamente empieza a correr vencido el término que se ha concedido para comparecer al proceso. Esto, en los casos de notificación personal por comisionado.

En efecto, el inciso final del artículo 316 establece:

'Cuando quien deba ser notificado personalmente se encuentre en el exterior, la comisión se conferirá al Cónsul Colombiano que corresponde o a una autoridad judicial del país en que aquél se halle, caso en el cual el término para comparecer será hasta de treinta días. El despacho se enviará por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo dispone el artículo 35.'

Por esta razón, el término de treinta (30) días para comparecer al proceso quien se encuentre en el exterior, rige tanto en el caso de la denuncia del pleito como en el de la contestación de la demanda o del mandamiento de pago.

Como se ve, los términos de cinco (5) y diez (10) días que establece el artículo 56, son para intervenir en el proceso, no para comparecer a éste, pues los términos para comparecer quien deba ser notificado personalmente, los fija el artículo 316.

En consecuencia, no existe ningún trato discriminatorio, en perjuicio del denunciado que se encuentra en el exterior. Lo que existe en el artículo 56, es una regulación distinta para intervenir una vez ha sido citada una persona a quien se ha denunciado un pleito.

Piénsese, por ejemplo, en el caso de dos personas que se encuentran en el exterior, a una de las cuales debe notificarse el auto admisorio de una demanda ordinaria, y a la otra, el que acepta la denuncia de un pleito, según el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil.

En este caso, de conformidad con el artículo 316, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil,  a las dos personas habrán de notificárseles personalmente los autos respectivos. El juez fijará, o podría fijar, términos iguales a los dos, hasta de treinta (30) días, para comparecer al proceso, términos que, según la regla general, empezarán a correr al día siguiente a la notificación personal que haga el funcionario comisionado (por ejemplo, el cónsul de Colombia que sea competente). Vencido el término de treinta (30) días, correrán los términos para contestar la demanda (20 días, según el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil) y para intervenir en el pleito que se ha denunciado (hasta diez días, según el artículo 56 del mismo Código).

El anterior ejemplo muestra claramente la confusión en que incurrió el demandante. Sin que sobre agregar que el establecimiento de términos diferentes para contestar  la demanda y para intervenir en el proceso que a alguien se le ha denunciado, no sólo es potestativo del legislador, sino que es sensato.

En síntesis: todo se reduce a considerar que los artículos 56 y 316 del Código de Procedimiento Civil, deben interpretarse armónicamente, pues son concordantes, y no hay entre ellos contradicción ni oposición ninguna.

En resumen, para la Corte es claro que el legislador reguló en forma diferente dos actos procesales diversos (contestación de la demanda e intervención en el proceso de aquel a quien se le denuncia el pleito), regulación diferente que es razonable y que no quebranta el artículo 13 de la Constitución, ni el artículo 2o. de la misma. Tampoco implica la norma acusada discriminación alguna, por lo cual no se violan  los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo pretende el demandante. Para llegar a la anterior conclusión hay que tener en cuenta que la persona a quien se denuncia un pleito, basa su intervención en la demanda y en su contestación, y se puede servir de las pruebas pedidas por el demandante y el demandado. Por eso, el término que la ley le señala para intervenir, es diferente al del traslado de la demanda, sin que por esto se viole el principio de igualdad ni se desconozca el derecho de defensa.

Cabe recordar, a manera de ejemplo, que el Código establece diferentes términos para el traslado de la demanda, según la clase de proceso, regulación que no vulnera la igualdad, sino que atiende a la diferencia entre los procesos.

Ahora bien: como la Corte encuentra que existe una relación inescindible entre la expresión demandada y el inciso primero y parte del inciso segundo del artículo 56, demandado, la declaración de exequibilidad se extenderá a todo lo que se transcribe a continuación:

'Artículo 56.- Modificado por el Decreto 2282/89, artículo 1o., numeral 20. Trámites y efecto de la denuncia. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.

'La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días....'

Lo anterior resulta claro, si se tiene en cuenta que la parte del inciso segundo que se declarará exequible es, precisamente, la que remite al 316, en lo relativo a la notificación personal.

Finalmente, hay que anotar que, como la demanda sí contiene cargos concretos de inconstitucionalidad, que, de ser fundados, conducirían a la declaración de inexequibilidad, los mismos que se han desechado, la Corte declarará la exequibilidad y no dictará sentencia inhibitoria".

- La denuncia del pleito es una forma de intervención de terceros dentro de un proceso donde el denunciado queda vinculado por los efectos de la sentencia.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 56. TRÁMITES Y EFECTOS DE LA DENUNCIA. Si el juez halla procedente la denuncia ordenará citar al denunciado, señalándole el término de cinco días para que intervenga en el proceso; si aquel no reside en la sede del juzgado, el término será aumentado prudencialmente, sin exceder de diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable en el efecto devolutivo.

La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión dela denuncia hasta cuando se cite al denunciado, pero la suspensión no podrá exceder de tres meses sin perjuicio de que siempre se lleve a efecto la citación.

Si el denunciado comparece al proceso, será considerado como litisconsorte del denunciante y tendrán las mismas facultades de éste.

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que exista entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnización o restituciones a cargo de éste.

- La norma establece la posibilidad de hacer la citación en garantía para todos los casos diferentes de la evicción que se regual por el artículo 54. El llamamiento en garantía lo puede efectuar el demandante o el demandado aun cuando en la casi totalidad de los casos sea el demandado el llamado a hacerlo.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 21 del Decreto 2282 de 1989.

- Este artículo desarrolla el precepto contenido en el artículo 954 del CC que establece como “Si alguien de mala fé, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor”.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 59. LAUDATIO O NOMINATIO AUTORIS. El que teniendo una cosa a nombre de otro, sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la contestación a la demanda, indicando el domicilio o residencia y la habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su poseedor cause al demandante. El juez ordenará citar al poseedor designado y para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 56.

Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en el lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso el juez dará traslado de la demanda al poseedor, por auto que no requerirá notificación personal.

Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de éste y del poseedor por él designado.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa, si la tenencia radica en otra persona.

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1045-00 del 10 de agosto de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Este inciso establece una de las formas mas comunes del denominado litisconsorcio cuasi necesario.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 60. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador de la herencia yacente, según el caso.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción o transformación de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran.

El cesionario o el adquirente por acto entre vivos de la cosa o el derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del enajenante o cedente. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

El auto que admita o rechace a un sucesor procesal es apelable en el efecto devolutivo.

- La norma consagra un caso de intervención limitada de terceros, pues en esta hipótesis la intervención se concreta a un incidente o trámite y el interviniente solo será parte en ellos. Ejemplos claros de esta intervención restringida serían la que establece el numeral 8 del artículo 687 o el num 4 del artículo 590 del C.P.C.

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-96 del 22 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

El artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 23 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 65. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.

El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda.

Los poderes o sustituciones de éstos que se otorguen en el extranjero y no se extiendan ante cónsul colombiano, serán autenticados en la forma establecida en el artículo 259. Si quien otorga el poder fuere una sociedad, el cónsul que lo autentique o ante quien se otorgue, hará constar que tuvo a la vista las pruebas de su existencia y que quien lo confiere es su representante, con lo cual se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiere el poder obra como apoderado de otra persona.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 24 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 66. DESIGNACIÓN DE APODERADOS. En ningún proceso podrá actuar más de un apoderado judicial de una misma persona: si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden.

El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.

Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el negocio más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-96 del 22 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 25 del Decreto 2282 de 1989.

- El mandato judicial, no obstante ser un contrato que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de dos personas, puede terminar por revocación del poder o por renuncia de este.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 69. TERMINACIÓN DEL PODER. Con la constitución de un nuevo apoderado o sustituto se entiende revocado el poder ola delegación anterior, a menos que fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso. En aquel caso, el primer apoderado o el sustituto podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la revocación, que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.

La renuncia no pone término al poder ni a la delegación, sino cinco días después de que se haga saber al poderdante o sustituidor mediante notificación del auto que la admita, en la forma establecida en el artículo 205.

La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas, no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones del que lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 26 del Decreto 2282 de 1989.

- El poder otorgado incluye la facultad para pedir medidas cautelares y para representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 70. FACULTADES DEL APODERADO Y DEL CURADOR AD LITEM. El poder para litigar se entiende conferido para todo el proceso a que está destinado y para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas, multas y perjuicios en el mismo expediente, y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados por la ley a la parte misma, para solicitar medidas cautelares y para los demás actos preparatorios del proceso que fueren procedentes.

El poder para un proceso habilita también al apoderado para actuar en reconvención y en todo lo relacionado con la intervención de terceros.

No podrá el apoderado realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, salvo que haya recibido autorización del mandante. La facultad para recibir debe ser expresa.

Los curadores ad litem tendrán las mismas facultades salvo las de sustituir, recibir y disponer del derecho en litigio.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 27 del Decreto 2282 de 1989.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 71. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.

4. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado en la demanda o su contestación para recibir notificaciones personales, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior.

5. Concurrir al despacho del juez cuando éste los cite y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias.

6. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuncia sea apreciada como indicio en contra suya.

7. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados y dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de quinientos pesos.

Artículo modificado por el artículo 1, numeral 28 del Decreto 2282 de 1989

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-141-98 del  de Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Corte Suprema de Justicia

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 20 de mayo de 1980.

- Lo establecido en esta norma es una excepción al deber de dictar sentencias de condena en concreto.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 72. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DELAS PARTES Y TERCEROS INTERVINIENTES. Las partes responderán por los perjuicios que causen a la otra parte o a terceros con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, independientemente de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena  en la sentencia o en el auto que los decida; si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide en la forma prevista en el artículo 308 y si el proceso no hubiere concluido, los liquidará en procedimiento verbal.

A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente.

Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 29 del Decreto 2282 de 1989.  Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes.

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-141-98 del  de Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Tal y como fue modificado por el Decreto 2282 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

- Artículo original declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 20 de mayo de 1980.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 73. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS APODERADOS. Al apoderado que actúe con abuso del derecho, temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior y la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso, solidariamente con la parte principal o el interviniente que representa. Copia de lo pertinente se remitirá al tribunal del distrito para lo relativo a las faltas contra la ética profesional.

Cuando la actuación del apoderado ocurra sin autorización del poderdante, éste podrá repetir contra aquel por lo que haya pagado como consecuencia de tales condenas.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 30 del Decreto 2282 de 1989.

- La condena al pago de perjuicios impuesta al apoderado por cualquiera de las conductas descritas, permitirá investigarlo, además, por las presuntas violaciones al decreto 196 de 1971. Por esta razón cuando se configura una conducta temeraria o de mala fe, el Juez que la ha declarado debe remitir copia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su competencia.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 74. ABUSO DEL DERECHO, TEMERIDAD O MALA FE. Se considera que ha existido abuso del derecho, temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso u oposición.

2. cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se omite declarar algún hecho esencial para la decisión del juez y aparezca de manifiesto que se tenía conocimiento de él.

4. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

5. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.

6. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

 

© Carlos Crismatt Mouthon

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