PALABRAS DEL SEÑOR GOBERNADOR DE CÓRDOBA, DOCTOR LIBARDO JOSÉ LÓPEZ CABRALES, EN EL ACTO DE DEJACIÓN DE ARMAS DE LAS AUC.
LUGAR: SANTA FE RALITO [TIERRALTA - CÓRDOBA].
FECHA: MARTES 18 DE ENERO DE 2005.
Se cumple hoy el acto más importante dentro del proceso de paz con las Autodefensas de Córdoba y Urabá, hecho que como Gobernador de este departamento celebro sinceramente. La dejación de armas de personas marginadas de la ley y su desmovilización tiene un especial significado desde el punto de vista social que no puede soslayarse y ojalá los instrumentos que el gobierno y nuestros legisladores están concertando durante estos días, tengan la virtud real de impulsar el proceso hasta su exitosa culminación.
Nada más vivificante que ver en el horizonte signos de paz y de reconciliación entre los colombianos.
El número de desmovilizados de las Autodefensas, pertenecientes a los frentes del Catatumbo, Calima, Bananero y Santa Fe de Ralito, de acuerdo con información oficial asciende a más de 3440 personas, cifra que supera históricamente otras desmovilizaciones de grupos que hace algunos años decidieron ponerle punto final a su actividad subversiva
Y al registrar este hecho, no podemos sino pensar que este proceso es irreversible por la voluntad que han expresado, el Gobierno Nacional, por conducto de nuestro Presidente y del Comisionado de Paz, por una parte, y los comandantes de las Autodefensas, por otra parte, cuando éstos tomaron la decisión de abandonar sus actividades ilegales.
Sin embargo, la desmovilización por sí misma no es todo, su necesario complemento es la reinserción de los desarmados a la vida civil, pero no de cualquier manera. En efecto, no será suficiente que el Estado celebre la desmovilización como un hecho de paz, sino que todos los que hacemos parte de nuestras instituciones debemos preocuparnos para que, al mismo tiempo, se establezcan las reglas que deben implementarse para su más conveniente reincorporación a la vida democrática del país y a su sistema productivo.
Como Gobernador de Córdoba, me preocupa que estas gentes desmovilizadas no tengan una ocupación digna que les permita reconciliarse con la sociedad, más allá de los simples estímulos que van a recibir para su supervivencia.
A Córdoba por ese sólo hecho han retornado a sus hogares un poco más de 400 desmovilizados, más los que se desmovilizan hoy, que algún día vieron en las actividades irregulares un medio de subsistencia, pero a ellos por su gesto de abandonar las armas y someterse a la ley debemos brindarles otras alternativas.
A propósito de este reto que tenemos todos de hacer posible la reincorporación social de quienes estuvieron hasta ayer alzados en armas, me permito esbozar un plan, que, en mi sentir, podría encauzar ese noble objetivo.
A los desmovilizados cuyo origen campesino esté debidamente comprobado, se les debe hacer partícipes de un proyecto de reinserción a organizaciones comunitarias que estimulará el Gobierno Nacional, a través de la adjudicación de tierras a Empresas Agrarias que se funden y organicen para dichos efectos. Estas tierras podrían ser las que se le han confiscado a los narcotraficantes y que están hoy en poder de la Oficina de Estupefacientes y/o las que se destinen como esfuerzo de los gobiernos tanto nacional como departamental.
Estas Empresas Agrícolas, cuyos socios serán los desmovilizados, estarán asesoradas por agentes del Estado, a nivel nacional y departamental, en cuanto a la organización de su funcionamiento y a la estructuración de planes de aprovechamiento y desarrollo agropecuario en las tierras adjudicadas. Deberá hacérseles, eso sí, un seguimiento y monitoreo de mínimo cinco años para garantizar su sostenibilidad, su productividad y su rentabilidad.
En este sentido, el Gobierno de Córdoba ha dado unos pasos y es así como con el Incoder ya avanzamos en la compra de unas fincas en esta región, las cuales pondríamos a disposición del proceso de paz. Además de lo anterior, hemos concertado con el Ministerio de Agricultura la creación de un Centro Provincial especial para los municipios de Tierralta y Valencia, que tendría a su cargo la prestación de la asesoría técnica necesaria para la implementación de proyectos enmarcados dentro de los procesos de cadenas productivas concebidas dentro del Plan de Desarrollo departamental, tales como caucho-cacao, papaya, plátano para exportación, yuca industrial y maracuyá. Todo lo anterior, fortaleciendo las alianzas entre el sector público y el privado, orientando los procesos a la agregación de valor a lo producido a través de la agroindustria.
Si el desmovilizado es de origen urbano, con el mismo criterio organizativo, será vinculado a centros de producción microempresariales, que gozarán de la financiación y asesoría estatal, especialmente del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En cuanto a la financiación de esta clase de empresas, seguramente la cooperación internacional puede llegar a ser muy importante, asunto que hará parte de la gestión que el Gobierno Nacional emprenda en ese sentido, si esta idea la considerare procedente. De todas maneras, desde ya el Departamento de Córdoba tiene un cupo de crédito bastante amplio mediante un Convenio con el Fondo Nacional de Garantías, del cual podemos poner una parte a disposición del proceso de paz.
Me preocupa mucho el grado de escolaridad de los desmovilizados, que, hasta donde llegan las cifras que he podido conocer, es mínimo. Habrá que reforzar este tema tanto a nivel de educación formal como no formal. El papel del SENA en este campo es de gran importancia. La Gobernación de Córdoba está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario en este tema.
Podría abundar en otras consideraciones, pero la idea central es la de recuperar a las gentes que se desviaron en determinado momento del camino de la ley para escoger el tortuoso de las armas. Es necesario ponerlos al servicio de la comunidad para que no se conviertan, por falta de previsión, en personas indeseables de esa misma comunidad.
Cabe preguntar si la reparación que deben ofrecer los Movimientos que se marginaron de la ley, podría orientarse para cumplir esos objetivos. Asunto que toco a título de sugerencia, porque me doy cuenta que una política semejante debe hacer parte de la estructura misma de los procesos de paz mediante procedimientos y líneas de acción claros.
Por otro lado, y como consecuencia de la pobreza imperante en nuestro departamento en el marco de esta guerra inútil, extensas áreas de Córdoba, especialmente en el Nudo del Paramillo, se han dedicado a los cultivos ilícitos. El Gobierno Nacional debe asegurarse de que se ejecuten programas concretos para la sustitución de los mismos en asocio con el Ministerio de Agricultura, para de esa manera ofrecer alternativas concretas de actividades productivas que garanticen los ingresos necesarios a nuestros campesinos, con el objeto de acelerar su destrucción y evitar reincidencias producto de la desesperanza por falta de opciones reales. Con lo anterior se estarían conjurando las condiciones que fertilicen el inconformismo.
Por lo tanto, debo insistir en la necesidad de que el Gobierno Nacional coordine efectivamente, con el concurso de sus diferentes dependencias, la ejecución de proyectos concretos que brinden alternativas de trabajo e ingresos a la población rural del departamento. Al respecto, en el Departamento hemos iniciado algunas acciones con la empresa privada, Urrá S.A. y la Corporación Colombia Internacional, tendientes a adelantar proyectos de reforestación en la zona.
De todas maneras quiero reiterar mis deseos de seguir apoyando este proceso, tal como lo hemos venido haciendo desde el campo social promoviendo, sobre todo, los sectores de la educación, la salud y el empleo.
Al señor Comisionado de Paz, hay que felicitarlo y estimularlo para que persista en su patriótico empeño. A los comandantes de las Autodefensas que hicieron posible este proceso, con su decisión de someterse a la ley, hay que hacerles un reconocimiento semejante. También debo hacer un reconocimiento especial por su disposición permanente, su entrega y el gran apoyo espiritual que le ha brindado a este proceso, el señor Obispo de la Diócesis de Montería, Monseñor Julio César Vidal Ortiz.
A los comandantes de la Brigada XI y la Policía de Córdoba, General Luis Roberto Pico y Coronel José William Arias, respectivamente, quienes han sido baluartes y prendas de garantía muy importantes en todo este proceso.
Que la Divina Providencia nos siga asistiendo y llenando de la sabiduría que necesitamos para que todos unidos saquemos este proceso adelante.
Muchas gracias.
