|
Tarde, pero...
Se acabaron los paros de los profesores. Un fallo del Tribunal Superior
Judicial de Montería le pone fin a la feria de embargos contra
la plata de educación.
Fin a 'zafarrancho' educativo
 Luego
del fallo que libera de los embargos a los recursos de educación,
los docentes no tienen excusas para paralizar clases.
Cereté.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería ordenó
al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté revocar el auto
de noviembre 20 del año pasado, en el que les reconoció
el pago de prestaciones sociales a un grupo de docentes de este Municipio
que laboraron a través de Órdenes de Prestación
de Servicios.
Al mismo tiempo la providencia obliga suspender definitivamente los
embargos que cursaban en contra del sector educativo desde el 2004,
los cuales se llevaron más de 30 mil millones de pesos correspondientes
al municipio de Cereté.
Con este fallo, que es una respuesta al recurso de apelación
presentado por la Gobernación, se acaba el denominado 'zafarrancho'
que se venía presentado en Cereté y en los demás
municipios no certificados con los dineros del Sistema General de Participación
que la Nación envía a las cuentas del Departamento.
Estas demandas de tipo laboral, interpuestas por personas que trabajaron
como docentes y personal administrativo para las ONG Fundicar, Arcosol
y Corpogedes, desestabilizaron durante más de dos años
el sistema educativo en Córdoba, reflejándose en el no
pago de sueldos a los profesores de todo el departamento y por ende
en las constantes parálisis del gremio de educadores que afectó
a miles de estudiantes.
Para el Tribunal, dicha demanda ejecutiva fue dirigida contra el Municipio
de Cereté, y por lo tanto, mal podría solicitarse una
medida de embargo contra un tercero, en este caso la Gobernación,
que aunque tiene en su poder dineros que pertenecen al sector educativo
de Cereté, la ley le ha encargado el manejo y la administración
de dichos recursos porque aún no se ha certificado en materia
educativa.
"...no fue correcta la decisión consignada por el señor
juez Primero Civil del Circuito de Cereté en el auto recurrido
y por tal razón será revocado por la Sala y en su lugar
se ordena el levantamiento de la medida cautelar decretada por el a-quo
en auto del 24 de noviembre de 2005", señaló el Tribunal.
Cereté
empezó el desorden
Como se recuerda, la Administración de José García
Ordóñez firmó en el último día de
su gobierno más de 750 resoluciones reconociendo el pago de prestaciones
sociales a igual número de personas que laboraron para las ONG
Fundicar, Arcosol y Corpogedes.
El alcalde Milad Barguil Flórez revocó tales resoluciones,
argumentando que el Municipio no es quien debería pagar esa deuda,
que en el 2003 ascendía a 800 millones de pesos. Luego un fallo
de la Corte Constitucional ordenó reconocer esta obligación.
Desde aquí empezaron a darse las demandas contra los recursos
que le llegan a Cereté en las cuentas de la Gobernación
de Córdoba.
Este fallo dio pie para que se embargaran los recursos educativos de
los demás municipios no certificados.
La última decisión del Tribunal Superior Judicial de Montería
deja claro que los abogados no pueden embargar más las cuentas
de la Gobernación de Córdoba donde son consignados los
dineros de educación.
|
