LEY 975 DE 2005
(julio 25)
Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de
2005
Congreso de Colombia
Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Principios y definiciones
Artículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley
tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el
grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de
los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas
organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.
Artículo 2°. Ambito de la ley, interpretación y aplicación
normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a
grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional.
La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas
en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y
los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de
algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse
como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma
materia.
La reins erción a la vida civil de las personas que puedan ser
favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la
Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un
beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la
respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por
la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la
colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada
resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones
establecidas en la presente ley.
Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la
reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé
lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso
y las garantías judiciales de los procesados.
Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de
la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o
colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o
sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de
acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos
armados organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la
Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial (visual o
auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las
acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o
compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos
del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al
margen de la ley.
Artículo 6°. Derecho a la justicia. De acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una
investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de
las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos
armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso
a recursos eficaces que reparen el daño infl igido, y tomar todas las medidas
destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se
tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el
deber de que trata este artículo.
Artículo 7°. Derecho a la verdad. La sociedad, y en
especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de
conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al
margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y
desaparición forzada.
Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique
la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de
esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.
Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la
vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros
mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.
Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las
víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no
repetición de las conductas.
Restitución es la realización de las acciones que propendan por
regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados
por el delito.
La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes
a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como
consecuencia del delito.
La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las
acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad
sobre lo sucedido.
Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la
desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la
ley.
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada
a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la
preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos
victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el
restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción
sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se
prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de
hechos de violencia sistemática.
Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones
individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta
ley.
Artículo 9°. Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto
individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado
al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.
La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la
ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.
CAPITULO II
Aspectos preliminares
Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la
desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la
presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que
hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los
mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el
listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y
reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya
desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno
Nacional.
10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad
ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.
10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de
los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad
ilícita.
10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en
su poder.
Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen
de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los
beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de
2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine
su pertenencia al respectivo grupo.
Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización
individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la
ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la
consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la
presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
11.1 Que entregue información o colabore con el
desmantelamiento del grupo al que pertenecía.
11.2 Que haya suscrito un acta de c ompromiso con el Gobierno
Nacional.
11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los
términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.
11.4 Que cese toda actividad ilícita.
11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal,
para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.
11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico
de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta
ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante
la Fiscalía General de la Nación.
CAPITULO III
Principios procesales
Artículo 12. Oralidad. La actuación procesal será oral y
en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su
reproducción fidedigna.
La conservación de los registros corresponderá al Secretario de
la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente
ley, y al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca del
juzgamiento, según corresponda.
Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en
audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán
notificadas en estrados.
Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de
Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo.
En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes
asuntos:
1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos
fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración
del medio probatorio.
2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y
testigos.
3. La solicitud y la decisión de imponer medida de
aseguramiento.
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares
sobre bienes de procedencia ilícita.
5. La formulación de la imputación.
6. La formulación de cargos.
7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.
Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las
sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar
los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las
partes.
El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley,
deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente
despacho.
Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo del
defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o, en su
defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del
procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán
lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los
hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.
La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada
por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso,
con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las
condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado
y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños
que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas,
tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.
Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial
investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará
oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.
La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de
las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La
protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa
estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento
será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.
CAPITULO IV
Investigación y juzgamiento
Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a
contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal
delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:
16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al
margen de la ley.
16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus
miembros.
16.3 Conocer de las investigaciones que deban
iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o
con posterioridad a la desmovilización.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ,
mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será
competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se
refiere la presente ley.
No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los
Tribunales Superiores de Distrito judicial que conozcan de los casos a que se
refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial.
Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno
Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión
libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien
los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos
con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su
desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma
diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las
víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.
La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones
adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a
disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de
que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y
desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la
veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos
aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su
competencia.
El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del
magistrado que ejerza la función de control de garantías, en uno de los
establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo
con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación,
previa solicitud del fiscal que conozca del caso.
Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los
elementos materiales probatorios, evidencia tísica, información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. razonablemente que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el
fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de
control de garantías la programación de una audiencia preliminar para
formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los
cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva
del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la
presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelar es sobre
los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la
reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días
siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el
apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y
verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el
término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado
que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia
de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la
solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la
prescripción de la acción penal.
Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia de
formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía,
como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al
momento de la desmovilización.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria,
espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza
la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la
Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que
corresponda su conocimiento.
Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a
audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la
aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su
defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días
siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.
Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado no acepta los
cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional
de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario
competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las
conductas investigadas.
Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de reparación integral,
previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente
ley.
Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para los
efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen
en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia
del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún
caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad
a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la
ley.
Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo
armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley.
Artículo 21. Ruptura de la unidad procesal. Si el
imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal
respecto de los no admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de
los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las
leyes procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos
aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley.
Artículo 22. Investigaciones y acusaciones anteriores a la
desmovilización. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la
presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su
contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por
escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de
aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito
de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado
que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la
presente ley.
Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la
misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial
correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa,
solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público
a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de
reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a
audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o
de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera
concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará
valer para fundamentar sus pretensiones.
La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la
promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y
este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de
impugnación en los términos de esta ley.
Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del
imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los
intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la
decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la
prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas
pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro
sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.
Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliación
prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que
haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar la citación del
Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto
del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena
alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente
de reparación integral.
Artículo 24. Contenido de la sentenc ia. De acuerdo con
los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la
pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa
prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término
que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las
víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la
reparación.
La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento
de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la
sentencia o al indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la
ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron
con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se
les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia
a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas
y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la
comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena
alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados,
la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena
alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a
prueba.
Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición
procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e
inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de
fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra las
sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera la decisión, y
se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de
justicia.
El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a
audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la Sala de Casación
Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e
intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para
emitir la decisión que corresponda.
Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se
declarará desierto.
Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que
trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia
de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, excepto lo relacionado con
acciones de tutela.
Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de
revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal
vigente.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no
procede recurso de casación.
Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación
con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre
o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el
fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias
fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible
existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si
surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con
el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido
la acción penal.
Artículo 28. Intervención del Ministerio Público. En los
términos del artículo 277 de la Constitución Política, el Ministerio Público
intervendrá cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio
público, o de los derechos y garantías fundamentales.
CAPITULO V
Pena alternativa
Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del
Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por
los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones
previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en
privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a
ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su
colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el
beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del
trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la
sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad
de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se
compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el
marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de
residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de
prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se
revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente
determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que
correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a
la pena alternativa.
CAPITULO VI
Régimen de la privación de la libertad
Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno
Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la
pena efectiva.
Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de
seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el
Inpec.
La pena podrá cumplirse en el exterior.
Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de
concentración. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la
ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil,
hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno
Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de
ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18)
meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en
colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable
de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los
miembros de los grupos armados de que trata la presente ley.
CAPITULO VII
Instituciones para la ejecución de la presente ley
Artículo 32. Competencias de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial en materia de justicia y paz. Además de las
competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes
para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la
presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas
a los condenados.
Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar,
sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias
relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las
medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de
las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También
deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y
contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar la verdad de lo
acontecido.
Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y
la Paz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz,
delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con competencia
nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley.
Esta unidad será la responsable de adelantar las
diligencias que por razón de su competencia, le corresponden
a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos establecidos en la
presente ley.
La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá
el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial, conformada por
miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva,
permanente y con competencia en todo el territorio nacional.
Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la
Nación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1° de la Ley 938
de 2004, los siguientes cargos:
150 Investigador Criminalístico VII
15 Secretario IV
15 Asistente Judicial IV
20 Conductor III
40 Escolta III
15 Asistente de Investigación Criminalística IV
20 Asistente de Fiscal II.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará de su
planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante Tribunal
Artículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará a
imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante
los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la
ley.
La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el
ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley.
Artículo 35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz. El Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la
presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con
competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales.
Artículo 36. Participación de las organizaciones sociales de
asistencia a las víctimas. Para el cumplimiento de lo previsto en la
presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsará mecanismos para la
participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las
víctimas.
CAPITULO VIII
Derechos de las víctimas frente a la administración de
justicia
Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado
garantizará el acceso de las víctimas a la adm inistración de justicia. En
desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su
seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que resulten
amenazadas.
38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos,
a cargo del autor o partícipe del delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de
pruebas.
38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y
en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información
pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los
hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido
víctimas.
38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a
la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.
38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de
confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.
38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el
lenguaje por los órganos de los sentidos.
Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los
funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y
todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y
psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así
como, la de las demás partes del proceso.
Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes,
incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole del delito, en
particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de
género o violencia contra niños y niñas.
Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan
con este tipo de víctimas.
Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos
del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con
estos.
Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio.
Como excepción al principio del carácter público de las audiencias de
juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin de proteger a las
víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte del juicio
se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a través
del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación por las
partes.
En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas
de agresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o
testigo.
Artículo 40. Otras medidas de protección durante el
proceso. Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios, evidencia
física o información legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad
de un testigo o de su familia, el Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en
cualquier diligencia anterior al juicio. En su reemplazo hará un resumen de
dichos elementos de conocimiento. En ningún caso, esas medidas podrán redundar
en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni
serán incompatibles con estos.
Artículo 41. Atención a necesidades especiales. Tanto
los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales
de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad
que participen en el proceso.
CAPITULO IX
Derecho a la reparación de las víctimas
Artículo 42. Deber general de reparar. Los miembros de
los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en
esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas
punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial.
Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto
activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo
Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal
directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a
cargo del Fondo de Reparación.
Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de
Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y
fijará las medidas pertinentes.
Artículo 44. Actos de reparación. La reparación de las
víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción.
Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a
prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas
los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente
los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité
Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal
Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de
reparación.
Son actos de reparación integral los siguientes:
45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para
la reparación de las víctimas.
45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la
víctima y de las personas más vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las
víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón
dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.
45.4 La colaboración eficaz para la localización de personas
secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las
víctimas.
45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de
personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las
tradiciones familiares y comunitarias.
Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de
los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al
Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de
su conocimiento.
Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo
concepto.
Artículo 46. Restitución. La restitución implica la
realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la
situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento
de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus
propiedades, de ser posible.
Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá
incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en
primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para
la Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las
víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la
reparación y de la rehabilitación.
Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no
repetición. Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición,
adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso
de reconciliación nacional, deberán incluir:
49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública y
completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños
innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro
para su seguridad.
49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas
y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones
familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad,
reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de
consanguinidad.
49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los
hechos y la aceptación de responsabilidades.
49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las
violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que
intervengan en los procesos de que trata la presente ley.
49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito
judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las
víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión
Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos
políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de
medidas.
49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.
49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de
derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser
impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal Superior de Distrito
Judicial.
Artículo 49. Programas de reparación colectiva. El
Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y
Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación
colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la
institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las
zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los
ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las
víctimas de la violencia.
Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación. Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado, quien la
presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del
Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público
o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de
Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la
Secretaría Técnica.
El Presidente de la República designará como integrantes de
esta Comisión a cinco personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser
mujeres.
Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.
Artículo 51. Funciones de la comisión nacional de reparación
y reconciliación. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
cumplirá las siguientes funciones:
52.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos de
esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.
52.2 Presentar un informe público sobre las razones para el
surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.
52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de
reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la
desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de
la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios. Para
estos efectos l a Comisión Nacional Reparación y Reconciliación podrá invitar a
participar a organismos o personalidades extranjeras.
52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación
de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada
ejecución.
52.5 Presentar, dentro del término de dos años, contados a
partir de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y las
Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un informe acerca del
proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la
ley.
52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que
trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.
52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para
la Restitución de Bienes.
52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que
busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la
paz nacional.
52.9 Darse su reglamento.
Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución de
Bienes. Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los
trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes
en el marco del proceso establecido en la presente ley.
Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales
estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría
para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital;
un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del
Interior y de justicia.
El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un
representante de las comunidades religiosas y determinará, de acuerdo con las
necesidades del proceso, el funcionamiento y distribución territorial de las
comisiones.
Artículo 54. Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin
personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de
Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas
del derecho privado.
El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a
cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados
ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del
presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o
extranjeras.
Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la
vigilancia de la Contraloría General de la República.
Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y
11, se entregarán direc tamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas
creado por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes
vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de
dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se
haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la
ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en
particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de
terceros de buena fe.
Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social.
La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley,
tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las
siguientes funciones:
56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que
trata la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto
nacional.
56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.
56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya
lugar.
56.4 Las demás que señale el reglamento.
CAPITULO X
Conservación de archivos
Artículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la
historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos
armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos
adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica
que corresponde al Estado.
Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El
derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos. Para ello los
órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría General
de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la
destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la
impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales
pertinentes.
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los
archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las
víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación
histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del
control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con
fines de censura.
En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para
resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de
las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la
ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u
otras p ersonas, ni crear un peligro para su seguridad.
CAPITULO XI
Acuerdos Humanitarios
Artículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a
la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la Constitución Política,
habida consideración de la situación de orden público que vive el país y la
amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamente
constituidas.
Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República podrá autorizar a
sus representantes o voceros, para adelantar contactos que permitan llegar a
acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la
ley.
Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad
de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la
presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena
alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime
pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y
logro de la paz.
CAPITULO XII
Vigencia y disposiciones complementarias
Artículo 62. Complementariedad. Para todo lo no
dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de
Procedimiento Penal.
Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con
posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que
concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más
favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del
mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en
esas leyes posteriores.
Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de menores
por parte de miembros de Grupos armados al margen de la ley no serán causal de
la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de
2002.
Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán los recursos
suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de la ley de
extinción de dominio.
Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la
vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a
proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite
acceder a empleos productivos.
Simultánea mente y de acuerdo con el mismo programa, procurará
su apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que
faciliten su reincisión social y adopción a la normal vida cotidiana.
Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley, serán elegidos por
la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos
Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de los
actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para estos
Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los Magistrados de
los Tribunales creados por la presente ley.
Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo
trámite corresponde a la Corte Suprema de justicia, tendrán prelación sobre los
demás asuntos de competencia de la Corporación y deberán ser resueltos dentro
del término de treinta días.
Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del
marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno
Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusion de la
instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de
concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del
Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a
delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal;
fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las
condiciones establecidas en el presente artículo, también podrán acceder a los
beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.
Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al
momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia
ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una
décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen
comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos
delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las
víctimas.
Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del
Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de
sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa
cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y
legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de
rebelión.
Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e
incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993".
Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley
deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará
únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de
la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,
Camilo Ospina Bernal.