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Ley 48 de 1993; Art. 28, literal a

Ley 133 de 1994

Ley 146 de 1994; Art.12

Ley 171 de 1994; Art. 9

Ley 199 de 1995; Art. 5

Ley 210 de 1995; Art. 32, literal l

Ley 319 de 1996; Art. 3

Ley 537 de 1999; Art. 1

Ley 599 de 2000; Art. 156

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Ley 133 de 1994; Art. 14, literal d

Ley 146 de 1994; Art. 13

Ley 182 de 1995; Art. 2, literal b)

Ley 586 de 2000

ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

Ley 133 de 1994; Art. 14, literal d

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Ley 104 de 1993

Ley 251 de 1995

Ley 418 de 1997; Art. 10

Ley 434 de 1998; Art. 1

Ley 438 de 1998

Ley 497 de 1999

Ley 548 de 1999; Art. 1

Ley 782 de 2002

Ley 975 de 2005

Ley 1151 de 2007; Art. 2o. Num. 2.2.

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Ley 99 de 1993; Art. 74

Ley 388 de 1997; Art. 4o

Ley 962 de 2005; Art. 10; Art. 14; Art.15

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

- Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.406, de 19 de diciembre de 2003. INEXEQUIBLE.

"El Gobierno presentará el proyecto a más tardar el 1o de marzo del mismo año, con mensaje de urgencia e insistencia.

"Los términos para todo el trámite de control previo de constitucionalidad que hará la Corte Constitucional se reducen a la mitad, en este caso.

"Los actos terroristas a que se refiere este Proyecto serán los definidos como tales por la legislación penal vigente."

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-816-04, mediante Sentencia C-818-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-816-04, mediante Sentencia C-817-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Acto Legislativo 2 de 2003 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.

Ley 105 de 1993; Art. 2

Ley 195 de 1995; Art. 4

Ley 282 de 1996

Ley 986 de 2005

Ley 987 de 2005

<Legislación Anterior>

Texto modificado por el Acto Legislativo 2 de 2003:

ARTÍCULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto.

ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Ley 80 de 1993; Art. 5

Ley 324 de 1996; Art.10

Ley 789 de 2002

Ley 931 de 2004

Ley 982 de 2005; Art. 30; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 38; Art. 40; Art. 41

Ley 995 de 2005

Ley 1114 de 2006

ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

Ley 43 de 1990; Art. 20 Num. 1o.

Ley 36 de 1993

Ley 38 de 1993

Ley 64 de 1993

Ley 72 de 1993; Art. 2

Ley 228 de 1995; Art. 4

Ley 266 de 1996

Ley 270 de 1996; Art. 122

Ley 365 de 1997; Art. 4

Ley 446 de 1998; Art. 153; Art. 154; Art. 155; Art. 156

ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Ley 70 de 1993; Art. 36

Ley 198 de 1995

ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

- Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.406, de 19 de diciembre de 2003. INEXEQUIBLE

"El Gobierno presentará el proyecto a más tardar el 1o de marzo del mismo año, con mensaje de urgencia e insistencia.

"Los términos para todo el trámite de control previo de constitucionalidad que hará la Corte Constitucional se reducen a la mitad, en este caso.

"Los actos terroristas a que se refiere este Proyecto serán los definidos como tales por la legislación penal vigente."

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-816-04, mediante Sentencia C-818-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-816-04, mediante Sentencia C-817-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Constitución Política; Art. 30

Ley 190 de 1995; Art. 59-A

Ley 228 de 1995; Art. 41

Ley 599 de 2000; Art. 176

Ley 745 de 2002

Ley 600 de 2000; Art. 363

Ley 837 de 2003

Ley 906 de 2004; Art. 318

Ley 986 de 2005

Ley 987 de 2005

Ley 1095 de 2006; Art. 1o.; Art. 3o.

Ley 1142 de 2007

Ley 1153 de 2007; Art. 52; Art. 53

<Legislación Anterior>

Texto modificado por el Acto Legislativo 2 de 2003, INEXEQUIBLE:

ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Ley 975 de 2005; Art. 63

Ley 906 de 2004; Art. 6o.; Art. 38 Num. 7o.

Ley 600 de 2000; Art. 6o.; Art. 79 Num. 7o.

Ley 599 de 2000; Art. 6o.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Ley 1142 de 2007; Art. 47

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Constitución Política; Art. 31; Art. 228

Ley 65 de 1993; Art. 2; Art. 134

Ley 80 de 1993; Art. 22; Art. 57; Art. 58; Art. 59

Ley 104 de 1993; Art. 116

Ley 142 de 1994; Art. 29

Ley 200 de 1995

Ley 241 de 1995; Art. 54

Ley 270 de 1996; Art. 3 ; Art. 4

Ley 333 de 1996; Art. 11; Art. 16

Ley 379 de 1997

Ley 388 de 1997; Art. 66; Art. 70; Art. 71

Ley 418 de 1997; Art. 73

Decreto 1975 de 2002; Art 8; Art. 9

Ley 782 de 2002; Art. 27

Ley 793 de 2002; Art. 8; Art. 9; Art. 10

Ley 794 de 2003

Ley 975 de 2005

Ley 1098 de 2006; Art. 26

Ley 1123 de 2007

Ley 1142 de 2007

Ley 1149 de 2007

Ley 1150 de 2007; Art. 17

Ley 1153 de 2007

ARTICULO 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

Constitución Política; Art. 28

Ley 15 de 1992; Art. 2

Ley 599 de 2000; Art. 177

Ley 600 de 2000; Art. 4; Art. 382; Art. 383; Art. 384; Art. 385; Art. 386; Art. 387; Art. 388; Art. 389

Ley 971 de 2005; Art. 1o. Inc. 2o.; Art. 11; Art. 17

Ley 1095 de 2006

Ley 1142 de 2007; Art. 1o.

ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

Constitución Política; Art. 29 Inc. 4o.; Art. 86 Inc. 2o.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

ARTICULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.

Ley 1153 de 2007; Art. 49; Art. 50; Art. 51

ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Ley 600 de 2000; Art. 28

Ley 906 de 2004; Art. 68

ARTICULO 34. Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

Ley 160 de 1994; Art. 63

Ley 333 de 1996

Ley 365 de 1997; Art. 14

Ley 412 de 1997; Art. 9

Ley 517 de 1999

Decreto 1975 de 2002

Ley 793 de 2002

Ley 863 de 2003; Art. 40

Ley 1017 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 14; Art. 15

Ley 1152 de 2007; Art. 133; Art. 134

ARTICULO 35. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. ~~La Ley reglamentará la materia~~.

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543-98 del 1o. de octubre de 1998.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.

- Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 43.195 del 17 de diciembre de 1995.

- Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543-98 del 1o. de octubre de 1998, únicamente por los cargos analizados en la sentencia

Ley 67 de 1993; Art. 6

Ley 195 de 1995; Art. 5

Ley 412 de 1997; Art. 13

Ley 707 de 2001; Art. 5

Ley 876 de 2004

Ley 970 de 2005; Art.44

<Legislación Anterior>

Texto original de la Constitución Política:

ARTICULO 35. Se prohibe la extradición de colombianos por nacimiento.

No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia.

ARTICULO 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley.

ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

Codigo de Comercio; Art. 362; Art. 363; Art. 364; Art. 365

Ley 80 de 1993; Art. 7

Ley 142 de 1994

Ley 200 de 1995; Art. 38

Ley 743 de 2002

Ley 753 de 2002

Ley 996 de 2005

Ley 1098 de 2006; Art. 32

ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

Ley 200 de 1995; Art. 38

Ley 411 de 1997

Ley 443 de 1998; Art. 1

Ley 996 de 2005

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

Ley 772 de 2002

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

Ley 130 de 1994; Art. 9

Ley 131 de 1994; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6;Art 7

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

Ley 130 de 1994

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Ley 131 de 1994

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Ley 43 de 1993

Ley 84 de 1993; Art. 19

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

Decreto 2241 de 1986; Art. 88; Art. 89

Ley 388 de 1997; Art. 4o.; Art. 22; Art. 24; Art. 25; Art. 29; Art. 36; Art. 43; Art. 126; Art. 127

Ley 80 de 1993; Art. 66

Ley 581 de 2000

Ley 731 de 2002

Ley 996 de 2005

ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

Ley 99 de 1993; Art. 68

Ley 107 de 1994; Art. 1; Art.2

Ley 115 de 1994; Art. 14

Ley 133 de 1994; Art. 7, literal G

Ley 1013 de 2006

Ley 1029 de 2006

Ley 1053 de 2006; Art. 2o.

CAPITULO II.

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES

ARTICULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

Ley 82 de 1993; Art. 1o.

Ley 258 de 1996

Ley 294 de 1996; Art. 2o.; Art. 3o. Lit. i)

Ley 311 de 1996

Ley 319 de 1996; Art. 15

Ley 333 de 1996; Art. 32

Ley 495 de 1999

Ley 575 de 2000; Art. 1o.

Ley 599 de 2000; Art. 189; Art. 190

Ley 721 de 2001

Ley 854 de 2003

Ley 861 de 2003

Ley 982 de 2005; Art. 24; Art. 25; Art. 27

Ley 991 de 2005; Art. 1

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Ley 294 de 1996

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

Ley 721 de 2001

Ley 1060 de 2006

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

Ley 33 de 1992; Art. 11; Art.12; Art. 13

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.

Ley 133 de 1994; Art. 15

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

Ley 33 de 1992; Art. 11; Art.12; Art. 13

Ley 133 de 1994; Art. 8

Ley 962 de 2005; Art.34

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

Decreto 2532 de 1991; Art. 1o.

Ley 54 de 1990

Ley 133 de 1994; Art. 13; parágrafo

Ley 294 de 1996

Ley 979 de 2005

Ley 1060 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Num. 3.2

ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Ley 82 de 1993

Ley 104 de 1993; Art.3

Ley 248 de 1995

Ley 294 de 1996; Art. 3, literal d

Ley 311 de 1996; Art. 6

Ley 511 de 1999; Art. 5

Ley 581 de 2000

Ley 750 de 2002

Ley 731 de 2002; Art. 1o.

Ley 755 de 2002

Ley 823 de 2003

Ley 861 de 2003

Ley 984 de 2005

Ley 1009 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 7o. Num. 7.1

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Ley 11 de 1992; Art.70; Art. 77; Art. 78

Ley 33 de 1992; Art. 14

Ley 65 de 1993; Art. 30

Ley 104 de 1993; Art. 5

Ley 294 de 1996; Art. 3, literal, e,f

Ley 300 de 1996; Art. 36

Ley 309 de 1996

Ley 319 de 1996; Art. 16

Ley 378 de 1997

Ley 405 de 1997

Ley 470 de 1998; Art. 7o.

Ley 679 de 2001; Art. 1o.

Ley 704 de 2001

Ley 707 de 2001; Art. 12

Ley 721 de 2001

Ley 746 de 2002

Ley 759 de 2002

Ley 765 de 2002; Art. 1o.

Ley 812 de 2003; Art. 58

Ley 982 de 2005; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 42; Art. 43; Art. 44

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Ley 33 de 1992; Art. 14

Ley 265 de 1996

Ley 311 de 1996; Art. 6

Ley 360 de 1997; Art. 5; Art. 12

Ley 418 de 1997; Art.14

Ley 934 de 2004; Art. 5o. Par. 2o.

Ley 982 de 2005; Art. 24; Art. 25; Art. 27

ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

Ley 104 de 1993; Art. 4; Art. 20

Ley 214 de 1995; Art. 61

Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 3; Art. 48

Ley 124 de 1994

Ley 300 de 1996; Art. 36

Ley 311 de 1996; Art. 6

Ley 319 de 1996; Art. 16

Ley 360 de 1997; Art. 5; Art. 12

Ley 375 de 1997

Ley 418 de 1997; Art. 14

Ley 1151 de 2007; Art. 7o. Num. 7.2

ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Ley 238 de 1995

Ley 271 de 1996

Ley 300 de 1996; Art. 35

Ley 311 de 1996; Art. 6

Ley 319 de 1996; Art. 17

ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

Ley 319 de 1996; Art. 18

Ley 324 de 1996

Ley 360 de 1997; Art. 4

Ley 361 de 1997; Art.1; Art. 35

Ley 1081 de 2006

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Ley 717 de 2001

Ley 919 de 2004

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

Ley 516 de 1999

Ley 968 de 2005; Art.10; Art.11

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

Ley 480 de 1998

Ley 633 de 2000; Art. 93

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-153-07 de 7 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso por ineptitud de la demanda, por los cargos por sustitución parcial de la Constitución, mediante Sentencia C-216-07 de 21 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-181-06 de 8 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-178-07 , mediante Sentencia C-292-07 de 25 de abril de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. "que declaró exequible el inciso sexto del artículo 1º del Acto legislativo 01 de 2005, por le cargo de violación del principio de consecutividad"

Ley 1151 de 2007; Art. 142

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso por ineptitud de la demanda, Sentencia C-181-06 de 8 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-277-07, mediante Sentencia C-317-07 de 3 de mayo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- Inciso declarado EXEQUIBLE, por vicio de trámite, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-277-07 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 18 de abril de 2007, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-153-07 de 7 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-986-06 de 29 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-181-06 de 8 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados.

Corte Constitucional

- Inciso declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-06 de 8 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo por ineptitud de la demanda, por los cargos por sustitución parcial de la Constitución, mediante Sentencia C-216-07 de 21 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE, por el cargo de vulneración al principio de unidad de materia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-216-07 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 21 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-472-06 de 14 de junio de 2006, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-181-06 de 8 de marzo de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-153-07 de 7 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-986-06 de 29 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-472-06 de 14 de junio de 2006, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Corte Constitucional

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.

Corte Constitucional

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.

Corte Constitucional

PARÁGRAFO TRANSITORIO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo (inciso 1o.) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-472-06 de 14 de junio de 2006, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Parágrafo Transitorio 4o. declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-337-06 de 3 de mayo de 2006, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo, por el cargo relativo a la violación del principio de consecutividad por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-292-07 de 25 de abril de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 6o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.

Corte Constitucional

- Incisos y parágrafos adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para conocer de los cargos relativos a la sustitución de la Constitución, de los cargos relativos a vicios de procedimiento por vulneración del principio de participación ciudadana, por desconocimiento de la transparencia y por el vicio de forma alegado como séptimo cargo, por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-293-07 de 25 de abril de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. Estarse a lo resuelto en la C-178-07.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005 por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-180-07 de 14 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- Acto Legislativo 1 de 2005 declarado EXEQUIBLE, en relación con los cargos analizados atinentes a vicios de procedimiento en su formación, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178-07 de 14 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Fallo inhibitorio respecto al cargo por por vicio de competencia del Congreso para expedir el Acto Legislativo 01 de 2005.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005 por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-740-06 de 30 de agosto de 2006, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

Constitución Política de 1991; Art. 48

Ley 100 de 1993

Ley 238 de 1995

Ley 263 de 1996

Ley 319 de 1996; Art. 9

Ley 962 de 2005: Art. 50; Art. 51; Art. 52

Ley 982 de 2005; Art. 42; Art. 43; Art. 44

Ley 986 de 2005; Art. 16; Art. 17; Art. 18

Ley 1122 de 2006

Ley 1146 de 2007; Art. 9o.

Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Nums. 3.2 y 3.3; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 36; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 155; Art. 156

ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

Ley 41 de 1993; Art. 3

Ley 60 de 1993; Art. 2, numeral 2

Ley 86 de 1993

Ley 99 de 1993

Ley 104 de 1993; Art. 22; Art. 23.; Art. 24; Art. 25; Art. 26

Ley 100 de 1993

Ley 140 de 1994

Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.3

Ley 319 de 1996; Art. 19; Art.11

Ley 378 de 1997

Ley 380 de 1997

Ley 418 de 1997; Art. 19

Ley 812 de 2003; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 47; Art. 48; Art. 49; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 56; Art. 57; Art. 58

Ley 1023 de 2006

Ley 1098 de 2006; Art. 27; Art. 29

Ley 1122 de 2006

ARTICULO 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

Ley 309 de 1996

Ley 418 de 1997; Art.19

Ley 516 de 1999

Ley 620 de 2000

Ley 1098 de 2006; Art. 27

ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

Decreto 353 de 1994

Ley 82 de 1993; Art. 12; Art. 13; Art. 14

Ley 104 de 1993; Art. 29; Art. 30; Art. 31; Art 32; Art. 33; Art. 34;

Ley 281 de 1996

Ley 388 de 1997; Art. 3o.; Art. 58; Art. 85; Art. 91; Art. 92; Art. 119

Ley 418 de 1997; Art. 26

Ley 473 de 1998; Art. 6

Ley 510 de 1999; Art. 4

Ley 546 de 1999

Ley 653 de 2001

Ley 708 de 2001

Ley 812 de 2003; Art. 89; Art. 90; Art. 91; Art. 92; Art. 93; Art. 94; Art. 95; Art. 96; Art. 97; Art. 98; Art. 99; Art. 100; Art. 101; Art. 102; Art. 103; Art. 104; Art. 105; Art. 106; Art. 107; Art. 108; Art. 109

Ley 823 de 2003; Art. 10

Ley 902 de 2004

Ley 962 de 2005; Art. 69; Art. 71

Ley 973 de 2005

Ley 1001 de 2005

Ley 1041 de 2006

Ley 1114 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Num. 3.5; Art. 78; Art. 79; Art. 80; Art. 82; Art. 83; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 87; Art. 88; Art. 89; Art. 90

ARTICULO 52. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

- Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000 publicado en el Diario Oficial No. 44.133 del 18 de agosto de 2000.

Ley 49 de 1993

Ley 181 de 1995

Ley 300 de 1996; Art. 1, numeral 6; Art. 33

Ley 350 de 1997

Ley 361 de 1997; Art. 39; Art. 40

Ley 812 de 2003; Art. 83

Ley 845 de 2003

Ley 912 de 2004

Ley 962 de 2005; Art. 72; Art. 73

Ley 978 de 2005

Ley 1067 de 2006

Ley 1098 de 2006; Art. 30

Ley 1101 de 2006; Art. 4o.; Art. 5o.; Art. 6o.

Ley 1158 de 2007

<Legislación Anterior>

Texto original de la Constitución Política de Colombia:

ARTICULO 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Ley 82 de 1993

Ley 731 de 2002; Art. 29

Ley 776 de 2002

Ley 823 de 2003

Ley 995 de 2005

Ley 1016 de 2006

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Ley 717 de 2001

Ley 758 de 2002

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Ley 13 de 1992

Ley 52 de 1993

Ley 55 de 1993

Ley 100 de 1993; Art. 11; Art. 272

Ley 115 de 1994; Art.115

Ley 146 de 1994

Ley 150 de 1994

Ley 210 de 1995

Ley 319 de 1996; Art. 6

Ley 320 de 1996

Ley 347 de 1997

Ley 361 de 1997; Capítulo IV

Ley 550 de 1999, Art. 2, Num. 9; Art. 3, Num. 4; Art. 6, Par. 3o.; Art. 42; Art. 75

Ley 584 de 2000

Ley 677 de 2001; Art. 15

Ley 982 de 2005; Art. 30; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 38; Art. 40; Art. 41

Ley 995 de 2005

Ley 1010 de 2006

Ley 1116 de 2006

Ley 1149 de 2007

Ley 1151 de 2007; Art. 3o.

ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

Ley 119 de 1994

Ley 361 de 1997; Art.1; Art 35

Ley 378 de 1997

Ley 789 de 2002

ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

ARTICULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

La ley reglamentará este derecho.

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento.

Ley 31 de 1992; Art. 39

Ley 104 de 1993; Art. 5

Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.4; Art. 4; Art. 29

Ley 214 de 1995

Ley 278 de 1996

Ley 411 de 1997

Ley 524 de 1999

Ley 633 de 2000; Art. 53 Parágrafo

Ley 990 de 2005

ARTICULO 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.

Ley 256 de 1996; Art. 22

Ley 1014 de 2006

ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

Ley 97 de 1993; Art. 1

Ley 308 de 1996

Ley 428 de 1998

Ley 675 de 2001

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

Ley 29 de 1992

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Ley 454 de 1998

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

- Artículo subrogado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 01 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.662 del 10 de agosto de 1999.

Código Civil; Art. 669

Ley 5 de 1992; Art. 119, numeral 7

Ley 70 de 1993; Art. 20

Ley 80 de 1993; Art. 27; Art. 78

Ley 104 de 1993; Art. 133

Ley 105 de 1993; Art. 35

Ley 160 de 1994; Art. 85

Ley 388 de 1997; Art. 1o.; Art. 2o.; Art. 3o.; Art. 46; Art. 52; Art. 55; Art. 57; Art. 58; Art. 59; Art. 60; Art. 62; Art. 63; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69; Art. 70; Art. 71; Art. 98

Ley 418 de 1997; Art. 125; Art. 126; Art. 127; Art. 128; Art. 129; Art. 130

Ley 594 de 2000; Art 45

Ley 1021 de 2006

Ley 1142 de 2007; Art. 8o.

Ley 1152 de 2007; Art. 144; Art. 145; Art. 146; Art. 147; Art. 148; Art. 149; Art. 150; Art. 151; Art. 152; Art. 153; Art. 169

<Legislación Anterior>

Texto original de la Constitución Política:

ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

ARTICULO 59. En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.

En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.

El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Ley 41 de 1993; Art. 6

Ley 99 de 1993; Art. 31, numeral 27

Ley 142 de 1994; Art. 56

Ley 161 de 1994; Art. 20

Ley 258 de 1996; Art. 8

ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

Ley 35 de 1993; Art. 25

Ley 80 de 1993; Art. 10

Ley 160 de 1994

Ley 142 de 1994; Art. 27 numeral 27.7

Ley 143 de 1994; Art. 77

Ley 226 de 1995

Ley 363 de 1997; Art. 4, numeral 1

Ley 1118 de 2006

ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

Ley 23 de 1982; Art.31

Ley 397 de 1997; Art. 33

Ley 463 de 1998

Ley 545 de 1999

Ley 599 de 2000; Art. 270; Art. 271; Art. 272; Art. 306

Ley 962 de 2005; Art. 84

Ley 1032 de 2006

ARTICULO 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar.

El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

Ley 594 de 2000; Art. 44

Ley 633 de 2000; Art. 14

ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Ley 70 de 1993; Art. 25

Ley 160 de 1994, Art. 85, numeral 6

Ley 299 de 1996

Ley 1021 de 2006; Art. 23

Ley 1152 de 2007; Art. 140

ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion <sic>, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Ley 115 de 1994; Art. 64

Ley 383 de 1997; Art. 63

Ley 398 de 1997; Art. 10

Ley 708 de 2001

Ley 812 de 2003; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 135

Ley 860 de 2003

Ley 1001 de 2005

Ley 1066 de 2006; Art. 15

Ley 1114 de 2006

Ley 1122 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Num. 3.7; Art. 26

Ley 1152 de 2007

ARTICULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Ley 101 de 1993; Art. 1; Art. 5

Ley 114 de 1994

Ley 115 de 1994; Art. 64

Ley 211 de 1995; Art. 7, literal c

Ley 812 de 2003; Art. 135

Ley 818 de 2003

Ley 914 de 2004

Ley 925 de 2004; Art. 4o.; Art. 5o.

Ley 939 de 2004

Ley 1011 de 2006

Ley 1021 de 2006

Ley 1066 de 2006; Art. 15

Ley 1133 de 2007

Ley 1141 de 2007

Ley 1152 de 2007

ARTICULO 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

Ley 34 de 1993

Ley 69 de 1993

Ley 101 de 1993; Art. 1; Art. 12

Ley 218 de 1995

Ley 262 de 1996

Ley 302 de 1996; Art. 4; Art. 9

Ley 363 de 1997; Art. 3

Ley 607 de 2000; Art. 12

Ley 676 de 2001

Ley 812 de 2003; Art. 135

Ley 1066 de 2006; Art. 15

Ley 1094 de 2006

Ley 1133 de 2007

Ley 1151 de 2007; Art. 22; Art. 24

Ley 1152 de 2007

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Ley 1088 de 2006

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

Ley 181 de 1995

Ley 346 de 1997; Art. 5

Ley 494 de 1999

Ley 513 de 1999

Ley 812 de 2003; Art. 84; Art. 85; Art. 86

Ley 934 de 2004

Ley 1029 de 2006

Ley 1053 de 2006; Art. 2o.

Ley 1056 de 2006; Art. 8o.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

Constitución Política; Art. 44

Ley 115 de 1994; Art. 17; Art. 18

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Ley 119 de 1994; Art. 49

Ley 633 de 2000; Art. 93

Ley 1098 de 2006; Art. 28

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Ley 30 de 1992

Ley 82 de 1993; Art. 7; Art. 8

Ley 133 de 1994; Art. 8

Ley 115 de 1994

Ley 146 de 1994; Art. 13, numeral 2

Ley 198 de 1995

Ley 319 de 1996; Art. 13

Ley 934 de 2004; Art. 6o

Ley 962 de 2005; Art. 61; Art. 62; Art. 63

Ley 982 de 2005; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12

Ley 986 de 2005; Art. 19

Ley 1014 de 2006

Ley 1019 de 2006

Ley 1146 de 2007; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 14

ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

Ley 33 de 1992; Art. 14

Ley 146 de 1994; Art. 13, numeral 2

Las <sic> integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

Ley 30 de 1992

Ley 82 de 1993; Art. 7; Art. 8

Ley 115 de 1994; Art. 6

Ley 147 de 1994

Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35

Ley 934 de 2004

Ley 1064 de 2006

ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

Ley 30 de 1992

Ley 91 de 1993

Ley 344 de 1996; Art. 10

Ley 550 de 1999; Art. 1o. Inc. 4o.

Ley 647 de 2001

Ley 805 de 2003

Ley 922 de 2004; Art 2o.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

Ley 556 de 2000

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

Ley 30 de 1992, Art. 28

Ley 80 de 1993; Art. 2; Numeral 1, literal b

Ley 104 de 1993; Art. 69

Ley 115 de 1994; Art. 1

Ley 119 de 1994; Art. 49

Ley 812 de 2003; Art. 84

Ley 1002 de 2005

Ley 1012 de 2006

Ley 1084 de 2006

Ley 1086 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 34; Art. 38

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Ley 9 de 1992

Ley 98 de 1993

Ley 115 de 1994

Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 4

Ley 125 de 1994; Art. 4

Ley 198 de 1995

Ley 247 de 1995

Ley 319 de 1996; Art. 14

Ley 962 de 2005; Art. 74

Ley 997 de 2005

Ley 1022 de 2006

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Ley 77 de 1993; Art. 2

Ley 98 de 1993

Ley 99 de 1993 ; Art. 22

Ley 161 de 1994

Ley 115 de 1994; Art. 185; parágrafo

Ley 969 de 2005

Ley 1151 de 2007; Art. 7o. Num. 7.5

ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Ley 47 de 1993

Ley 74 de 1993

Ley 93 de 1993

Ley 99 de 1993; Art. 22

Ley 594 de 2000; Art. 45

Ley 957 de 2004

Ley 1007 de 2006

Ley 1018 de 2006

Ley 1020 de 2006

Ley 1022 de 2006

Ley 1040 de 2006

Ley 1138 de 2007; Art. 6o.

ARTICULO 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

Ley 586 de 2000

Ley 918 de 2004

Ley 1016 de 2006

ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable.

Ley 80 de 1993; Art. 22

Ley 812 de 2003; Art. 17

ARTICULO 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

Ley 37 de 1993; Art. 6

Ley 80 de 1993; Art. 33; Art. 34; Art. 35

Ley 93 de 1993

Ley 104 de 1993; Art.102; Art. 103; Art. 104; Art. 105; Art.106; Art. 107

Ley 130 de 1994; Art. 28

Ley 134 de 1994; Art. 96

Ley 142 de 1994; Art. 8

Ley 182 de 1995; Art. 62, parágrafo 2

Ley 198 de 1995; Art. 6

Ley 1065 de 2006

ARTICULO 76. La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.

Ley 43 de 1990; Art. 37.5

Ley 80 de 1993; Art. 33; Art. 34; Art. 35

Ley 130 de 1994; Art. 26; Art. 27

Ley 134 de 1994; Art. 91; Art. 96

Ley 142 de 1994; Art. 8

Ley 182 de 1995; Art. 3

Ley 198 de 1995; Art. 6

Ley 252 de 1995

Ley 324 de 1996; Art. 4; Art. 5

Ley 982 de 2005; Art. 17

ARTICULO 77. La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del Organismo mencionado.

Ley 982 de 2005;Art. 13;Art. 16;Art. 17

La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al Director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La Ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad.

PARAGRAFO. Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión.

Ley 80 de 1993; Art. 33

Ley 130 de 1994; Art. 25

Ley 134 de 1994; Art. 91

Ley 182 de 1995; Art. 3

Ley 335 de 1996

CAPITULO III.

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

Ley 86 de 1993

Ley 80 de 1993; Art. 4

Ley 104 de 1993; Art. 4

Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 3.3; Art. 14; Art. 28

Ley 143 de 1994; Art. 6

Ley 214 de 1995

Ley 253 de 1996

Ley 276 de 1996; Art. 2

Ley 300 de 1996; Art. 1, numeral 8; Art. 70

Ley 336 de 1996

Ley 395 de 1997; Art. 15

Ley 400 de 1997

Ley 675 de 2001; Art. 80; Art. 81

Ley 925 de 2004; Art. 5o.

Ley 1086 de 2006

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Ley 12 de 1992

Ley 29 de 1992

Ley 99 de 1993

Ley 104 de 1993; Art. 4

Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 4

Ley 139 de 1994

Ley 142 de 1994; Art. 14

Ley 388 de 1997; Art. 10; Art. 12; Art. 13; Art. 14; Art. 17

Ley 768 de 2002; Art. 13

Ley 812 de 2003; Art. 36

Ley 885 de 2004

Ley 960 de 2005

Ley 981 de 2005

Ley 994 de 2005

Ley 1021 de 2006

Ley 1083 de 2006

Ley 1109 de 2006

Ley 1151 de 2007; Art. 5o.

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Ley 191 de 1995; Art. 9

Ley 346 de 1997; Art. 5

Ley 388 de 1997; Art. 3; Art. 10; Art. 12; ; Art. 14; Art. 17; Art. 24; Art. 58; Art. 72; Art. 104; Art. 121

Ley 812 de 2003; Art. 36

Ley 843 de 2003

Ley 926 de 2004

Ley 962 de 2005; Art. 70

Ley 1011 de 2006

Ley 1021 de 2006

Ley 1118 de 2006

Ley 1131 de 2007

Ley 1151 de 2007; Art. 5o.

ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

Ley 430 de 1998

Ley 469 de 1998

Ley 945 de 2005

Ley 994 de 2005

Ley 1156 de 2007

ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Ley 388 de 1997; Art. 36; Art. 37; Art. 73; Art. 74; Art. 75; Art. 76; Art. 77; Art. 78; Art. 80; Art. 81; Art. 82; Art. 83; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 87; Art. 107; Art. 117

Ley 810 de 2003

CAPITULO IV.

DE LA PROTECCION Y APLICACION DE LOS DERECHOS

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Código Civil; Art. 1603

Código de Comercio; Art. 871

Ley 80 de 1993; Art. 5; Art. 24; Art. 25; Art. 28; Art. 51

Ley 962 de 2005

ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Ley 80 de 1993; Art. 25

Ley 142 de 1994; Art. 186

Ley 489 de 1998; Art. 18

Ley 962 de 2005

ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

Decreto 2591 de 1991; Art. 2

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

Ley 24 de 1992; Art. 9, numeral 23; Art. 14

Ley 133 de 1994; Art. 4

Ley 137 de 1994; Art. 57

Ley 142 de 1994

Ley 143 de 1994

Ley 393 de 1997; Art. 9

Ley 550 de 1999; Art. 17; Art. 19

Decreto 2591 de 1991

Decreto 306 de 1992

Decreto 1382 de 2000

ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

Ley 80 de 1993; Art. 66

Ley 99 de 1993; Art. 76; Art. 77; Art. 78; Art. 79; Art. 80; Art. 81; Art. 82

Ley 388 de 1997; Art. 4o.; Art. 116

Ley 393 de 1997

Ley 397 de 1997; Art. 16

Ley 617 de 2000; Art. 83

ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

Ley 80 de 1993; Art. 5

Ley 99 de 1993

Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.6; Art. 10

Ley 446 de 1998; Art. 15

Ley 472 de 1998

ARTICULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

Ley 80 de 1993; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art 55; Art. 56; Art. 57; Art. 58; Art. 59

Ley 971 de 2005

Ley 1010 de 2006

ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Constitución Política; Art. 6; Art. 124

Ley 27 de 1992; Art. 21

Ley 80 de 1993; Art. 4; Art. 26; Art. 50; Art. 54

Ley 142 de 1994; Art. 49; Art. 81

Ley 287 de 1996

Ley 288 de 1996; Art. 12

Ley 443 de 1998; Art. 12; Art. 53

Ley 472 de 1998; Art. 40

Ley 678 de 2001

Ley 909 de 2004; Art. 2o. Num 3o. Lit. c); Art. 48 Num. 5o.

ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

ARTICULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

Ley 80 de 1993; Art. 51; Art. 58

Ley 200 de 1995

Ley 734 de 2002

Ley 836 de 2003

Ley 1010 de 2006

Ley 1015 de 2006

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.

- Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001 publicado en el Diario Oficial No. 44.663, de 31 de diciembre de 2001.

Ley 133 de 1994; Art. 15

Ley 137 de 1994; Art. 9

Ley 199 de 1995; Art. 6

Ley 975 de 2005

Ley 1008 de 2006

Ley 1072 de 2006

ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

Ley 319 de 1996; Art. 4

CAPITULO V.

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

Ley 986 de 2005

Ley 1035 de 2006

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

Ley 11 de 1992

Ley 199 de 1995; Art. 6

Ley 409 de 1997

Ley 985 de 2005

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

Ley 80 de 1993; Art. 66

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

Ley 104 de 1993