Por: Carlos Crismatt Mouthon
Al terminar de leer las once hojas del fallo del juez tercero administrativo de Montería, en donde declara la nulidad del proceso en contra de la gobernadora electa Marta Sáenz, sentí un vacío en el estomago.
Y no era para menos. Quien impidió que la gobernadora electa de Córdoba se posesionara el pasado 1 de enero de 2008, propiciando una desviación del querer de la mayoría de votantes, declara sin rubor en la página siete que se equivocó en la notificación al Partido Liberal, ya que utilizó el procedimiento válido para las entidades públicas.
¿Qué significa esto? Sencillamente que el señor juez no sabía que el Partido Liberal es un ente de carácter privado, y que por lo tanto la notificación realizada a través del director departamental de dicho partido era irregular.
Es decir, que al juez tercero administrativo de Montería le tomó casi cuatro meses entender que estaba equivocado, a pesar de que ya se lo habían dicho de todas las formas y por todos los medios.
Ante esta circunstancia, lo primero que se me vino a la cabeza fue que si el juez no tuvo la capacidad para acertar con algo elemental dentro del proceso, como lo es la notificación de las partes, ¿será que está capacitado para afrontar un asunto de fondo, tal como decretar una inhabilidad electoral por medio de una acción popular?
Y no es cuestión de derecho. Es de simple sentido común concluir que si un juez no tiene el bagaje mínimo para saber que el Partido Liberal es una organización privada, entonces le quedará cuellón abordar temas más complejos. ¿Qué tal un médico que no sepa de primeros auxilios?
La teoría del borrón y cuenta nueva
Por otro lado, quienes asistimos a la rueda de prensa con la gobernadora electa Marta Sáenz, escuchamos con atención al abogado defensor, quien señalaba uno por uno los supuestos errores cometidos por el juez dentro del referido proceso.
Al unir los dos episodios, las denuncias del abogado defensor y la anulación del proceso, surge la teoría del borrón y cuenta nueva. Y, ¿para qué? Para impedir que salieran a la luz pública todos los errores acumulados por el juez en el desarrollo del proceso.
Y, entonces, ¿cómo hizo? Muy fácil, ya que como el Tribunal Administrativo al tramitar la tutela del Partido Liberal había puesto los puntos sobre las íes y declarado que la notificación no se había hecho en forma legal, pues aprovechar para matar dos pájaros de un solo tiro. Es decir, convertir una debilidad en una fortaleza.
Lo primero era reconocer, tal como se hizo, que existía un vicio que no podía ser subsanado y proceder a la nulidad de lo actuado dentro de proceso.
Pero, ¡voilà! Aquí nace la jugada maestra. Gracias a esta nulidad, se abstiene de estudiar los errores señalados por el apoderado de la gobernadora electa, ya que, como dice en la página 10, “resulta inocuo su análisis al declararse la nulidad del proceso”.
Como quien dice, bien aplicado el viejo adagio de “muerto el perro, muerta la rabia”. De ahora en adelante se le podrá acusar, si acaso, por ignorancia, pero no por prevaricato.
El imperativo ético de declararse impedido
Ante estas circunstancias, es fácil concluir que el juez tercero administrativo de Montería no es prenda de garantía para seguir conociendo de un proceso de tamaña responsabilidad, que compromete no sólo los intereses del Partido Liberal, sino los de más de 210.000 cordobeses que eligieron a Marta Sáenz Correa como gobernadora de Córdoba.
No puedo invocar leyes ni códigos. Pero si puedo alegar consideraciones éticas para que el juez entienda que bajo las condiciones aquí señaladas debe solicitar que otro despacho se haga cargo del proceso.
El pueblo de Córdoba se lo agradecerá.
© Carlos Crismatt Mouthon - Montería, febrero 2 de 2008