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Libardo López nunca estuvo inhabilitado


Jueves, 22 de junio de 2006

EDITORIAL
La telenovela de Córdoba

Desconcierto y no poca indignación ha causado el más reciente ’; choque de trenes’ entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la gobernación de Córdoba. Más allá del debate de interpretación, para el colombiano del común -y en especial para los cordobeses- hay razones de molestia y confusión por el limbo político creado y los 2.800 millones de pesos gastados en unas elecciones que no sirvieron para nada.

El 26 de octubre del 2003, Libardo López fue elegido gobernador de Córdoba. Poco después, su elección fue demandada por haber contratado, presuntamente, con una entidad pública un año antes de su elección. El 24 de agosto del 2005, la sala quinta del Consejo de Estado anuló la elección de López. El 24 de febrero de este año, el Gobierno convocó a nuevas elecciones de gobernador. El 5 de abril, la sala de tutelas de la Corte Constitucional declaró sin validez la decisión del Consejo de Estado y ordenó restituir a López en su cargo, pues la cooperativa con la que había contratado no era pública sino privada. El 9 de abril, Jaime Torralvo ganó las elecciones y se posesionó como nuevo gobernador. Hasta ahora, cuando, luego de redactada la sentencia, fue notificado el fallo de la Corte. El cual, según todo indica, se impone a los demás en el campo de la tutela y restituye en el cargo al gobernador López, lo que invalida de paso la otra elección. Torralvo, que se queda sin puesto, ha amenazado con demandar (o puede pedir, ante la sala plena de la Corte, la nulidad del fallo), situación que prolongaría aún más esta absurda saga jurídica.

Lo primero que impresiona es que el Consejo de Estado se haya demorado casi 20 meses en resolver algo tan elemental como determinar si una persona está o no inhabilitada para un cargo de elección popular. Aunque, en otros casos, la demora intenta justificarse porque hay que verificar los votos mesa por mesa, en este no había ni actas ni nada parecido que revisar.

Luego está la discusión de si la Corte debe hacer públicas sus sentencias de inmediato, con comunicados, o esperar a redactarlas, lo que puede tomar más de dos meses, como ahora.

Es paradójico que, si ante la Ley de Justicia y Paz, la Corte fue fustigada por legislar con comunicados de prensa’, ahora podría criticársele que, como no hubo comunicado, nadie se enteró y se celebró una elección de 2.800 millones de pesos cuatro días después de un fallo que la hacía inútil.

Aunque, a diferencia de las acciones de constitucionalidad, las sentencias de tutela de la Corte surten efecto a partir de su notificación (y no son objeto de comunicados), es insólito que no haya un mecanismo para que los involucrados y la Registraduría se enteren a tiempo de semejante sentencia. Urge reformar el reglamento de la Corte para que no se siga presentando esta perniciosa disyuntiva entre apresurarse con un comunicado y demorarse con la redacción de una sentencia.

Pese a innegables excesos de cierto tipo de “tutelitis aguda”, este caso sirve para demostrar que esta innovación, introducida por la Constitución de 1991, representa una modalidad de justicia que funciona mucho mejor que el resto del paquidérmico sistema judicial. Frente a la inexplicable lentitud del Consejo de Estado, la Corte Constitucional adoptó su decisión en menos de cuatro meses (y dos que tomó redactarla y notificarla).

El ’choque de trenes‘ no debe ser argumento para recortar esta conquista democrática. Debe servir, sí, para que se regule de una vez por todas cuál de las cortes tiene la última palabra en materia de tutelas. Eso acabaría con los conflictos entre altos jueces. Y dejaría en pie un mecanismo judicial que, en este caso, devolvió a un gobernador el cargo del que fue injustamente despojado y, en muchos otros, ha restituido al ciudadano de a pie sus derechos vulnerados. Esta es la principal lección de la macondiana pero elocuente telenovela de Córdoba.

editorial@eltiempo.com.co

[Negrillas fuera del texto]

© Carlos Crismatt Mouthon - Montería, septiembre 27 de 2007

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