Por TOÑO SÁNCHEZ Jr.
Desde su cómodo exilio en Canadá, Pablo Bustos Sánchez, director de la Red Ver, así aparece en un Registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha venido en contra del poder judicial de Córdoba por el arresto a que fue sometida su hermana y representante Legal de la Red Ver, Miriam Bustos Sánchez, por incurrir en desacato al no responder un Derecho de Petición.
En resumen, el Director de la Red Ver da a entender, sin temor a equívocos, que ellos son 'intocables' y que contra ellos no aplica la normatividad colombiana. Podría decirse que gozan de Inmunidad Diplomática y que sus miembros pueden violar sin ninguna restricción la Constitución y la Ley colombiana… además, también pueden insultar a toda la majestad de la justicia en Córdoba, porque no les fallaron a favor. Bustos Sánchez ha considerado que la "aberrante decisión" de nuestros operadores judiciales "es una muestra de botón sobre como opera la justicia en Córdoba y como este departamento precisa una intervención seria e integral en materia anticorrupción incluidos los despachos judiciales".
Ya lo hemos planteado en el pasado. Aquí todo el mundo viene a sindicar a los cordobeses de corruptos, pero nadie se atreve a señalar el caso específico de corrupción y a las personas implicadas, porque lo que importa es estigmatizar a la población. Con esto no estoy diciendo que no existen irregularidades en Córdoba, lo que sucede es que nadie se atreve a mostrar el caso específico y a los responsables. Más bien, se van por el camino más fácil, decir que Córdoba es un Departamento lleno de corrupción. Pero es una lástima que la Red Ver no haya visto ni una sola irregularidad en la Administración de Jaime Torralvo, Arteaga y Jiménez & Asociados. ¿Por esta 'ingenua omisión' se podría decir que hubo connivencia con la corrupción? ¿Sería justo estigmatizar a todos los veedores? Las respuestas pueden ser muy variadas. Cómo es posible entonces, que un veedor de la 'altura' de Pablo Bustos venga a desacreditar y arrojar un manto de sindicaciones de corrupción al poder judicial de Córdoba.
Acusa también a la justicia cordobesa de perseguir a los veedores de Córdoba. Esta sí que es una infamia, ya que es su representante aquí el que abusa de su posición dominante para intimidar a los servidores públicos y operadores judiciales. Pero qué detalle más curioso, jamás le hizo, siquiera miau, a los asociados Torralvo, Arteaga y Jiménez.
Dice en otro aparte su comunicado: "La información solicitada podría haber sido obtenida por el solicitante peticionando directamente al veedor Carlos Varela, o a la personería (…)". En un pasado el Personero le pidió esa información y no obtuvo una respuesta seria. Por esta razón yo hice la petición a Bogotá. Por otra parte, tengo una certificación de la Personería que allí no reposa ningún registro de la Red Ver.
Cómo es posible que un ciudadano de Córdoba no pueda preguntarle a una entidad, dirigida por un par de hermanos, que se ha arrogado el derecho de tener en sus manos la moral y dignidad de todos los cordobeses, de cómo fue constituida y el por qué unas firmas no coinciden. Permítanme citarles el Artículo 3º de la Ley 850 de 2003: "Procedimiento. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaborarán un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales (…)". (Subrayado es mío).
Por qué un ciudadano de Córdoba no puede saber si el Artículo 7º de la mencionada Ley se cumple con el veedor de aquí. Esa norma dice así: "Principio de Democratización. Las veedurías deben obrar en su organización y funcionamiento en forma democrática y participativa definiendo claramente que sus integrantes tienen iguales derechos y obligaciones y que las decisiones se tomarán preferentemente por consenso o en su defecto por mayoría absoluta de votos." (Subrayado es mío).
Y lo más importante, saber si el Artículo 9º es letra muerta para la Red Ver : "Principio de Transparencia. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos, deberes, instrumentos y procedimientos consagrados en esta ley, la gestión del Estado y de las veedurías deberán asegurar el libre acceso de todas las personas a la información y documentación relativa a las actividades de interés colectivo de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las normas vigentes sobre la materia". (Subrayado es mío). Entonces, ¿por qué la negativa a responder un Derecho de Petición?
¿Se debe considerar una persecución en contra de la Red Ver querer saber si son o no responsables? Como lo estipula el Artículo 11º. "Principio de Responsabilidad. La participación de las veedurías en la gestión pública se fundamenta en la colaboración de los particulares, sus organizaciones y las autoridades públicas en el cumplimiento de los fines del Estado. Por ello, el ejercicio de los derechos y deberes que a cada uno le son propios conlleva la obligación de responder en cada caso frente a sus miembros, la sociedad y el Estado". (Subrayado es mío).
Ni hablar del Principio de la Objetividad (Art. 13º) que pide a las veedurías "guiarse por criterios objetivos que impriman certeza a sus conclusiones y recomendaciones y las alejen de toda posible actitud parcializada o discriminatoria". Creo que aquí se refieren a eso de no ser 'selectivo'.
Por último, dice en un aparte de su comunicado el Dr. Bustos, que ha estado muchas veces en Montería. Si mal no recuerdo, para cuando se formó una veeduría en esta ciudad, que actualmente no opera. Para ese entonces se reunió dos veces con Carlos Castaño. En uno de esos encuentros, tengo entendido, discutieron con usted una manera muy curiosa de atacar la corrupción. El método consistía en "amarrar" a un sindicado de malos manejos de los dineros públicos, hacerle un juicio y luego dejarlo, con vida claro está, en un sitio público de Montería. Al condenado lo iban a vestir con esas 'pijamas' a rayas de los presos. ¿Lo recuerda Doctor Bustos?
Usted cree que es justo que hoy vengan y lo señalen de ser quien orquestó esa "aberrante" medida? ¿Sería justo sindicarlo de alianzas con el paramilitarismo? ¿Sería justo decir que usted es paramilitar? Claro que no lo es, Dr. Bustos. Como tampoco es justo que usted haya señalado a todo nuestro poder judicial de estar inmersos en una "corrupción estructural" y de no ser "transparentes".
Se quiere usted amparar en ese cuento de que el Derecho de Petición no aplica para ustedes, cuando es claro que hay jurisprudencia que señala que sí opera cuando está de por medio la prestación de un servicio público, cuando hay una grave y directa afectación del interés colectivo y la existencia de "estado de subordinación o indefensión". ¿Cree usted que no afecta el interés colectivo un veedor que intimida y que no quiere decir cómo fue escogido? Cree usted que no hay muchos servidores públicos en estado de indefensión frente a un posible veedor selectivo?
Los cordobeses, como el resto de colombianos, no estamos en contra de esta noble institución, lo que no podemos aceptar es que se abuse de este poder para humillar e intimidar a los funcionarios públicos. Y lo que es peor, para hacer 'cacerías de brujas', que esto sucede cuando se es selectivo.